lunes, 25 de julio de 2011
Consumismo...
Una muestra más del consumismo en El Salvador y los valores que te enseña el capitalismo, podés vivir en una casa de cartón y láminas derruidas, pero no podés dejar de tener "Televisión Satelital"... =S Incoherente completamente, incoherente. Estos nos demuestra que en este país no somos solo pobres de dinero, si no también de instinto de preservación...
jueves, 21 de julio de 2011
En el Capitalismo, aguantamos hambre, para hablar más por celular...
Para que vean de forma gráfica las tonterias que veo todos los días, mucha gente en este país deja de comer, para ponerle "SALDO AL CELULAR" a que estupidez más grande, nos la que nos a llevado el consumismo XD
jueves, 7 de julio de 2011
Así piensan los diputados de la Asamblea Legislativa...
A estas alturas del cuento y luego de las vergonzosas protesta de la cupula del FMLN, en las que amenazan a la Sala de lo Constitucional y además exigirles respetan el adefesio decreto transitorio 743, con monton de militantes que en su ignorancia no tienen claridad de lo que esta pasando.
Son muy valiosas las declaraciones de Medardo "el máximo dirigente del FMLN" en exigirle a la Sala de lo Constitucional que "Se pueda votar por bandera, y no por fotografía". Será por que en el fondo saben que esa bandera, "la bandera del FMLN" es mas digna por que representa la lucha y el sacrifio de un pueblo por la justicia y por que sabe que por "Sus carotas" nadie va votar por que no tienen ni la minima verguenza y se han convertido en peores corruptos y gangueros que la peor de las derechas.
Ya quisieran ellos que esa bandera tan digna, los siga protegiendo y vivir a expensas de tanto sacrificio humano, por eso a votar por candidato, esa bandera es demasiado digna, como para servirles de escudo a tan inmorales personajes de derecha... Aqui les dejo una notita que expresa bien como piensan ellos (los diputados):
Las palabras del jefe de bancada de GANA a propósito de la elección de los titulares de la Corte de Cuentas revelan, con una crudeza inusitada, lo que en realidad piensan los partidos. La semana pasada, ante los cuestionamientos por hacer oídos sordos a las demandas ciudadanas de despartidizar las instancias del Estado, el diputado en mención respondió con las siguientes palabras: “No vengamos ahora a decir que no escuchamos a la sociedad civil. Seamos sinceros, ¿cuándo nos ha importado la sociedad civil a nosotros aquí en la Asamblea?”. Y a continuación el político, exmilitante de Arena, pasó a defender la elección de los titulares de la Corte de Cuentas, entre los que se cuenta el presidente de GANA.
Son muy valiosas las declaraciones de Medardo "el máximo dirigente del FMLN" en exigirle a la Sala de lo Constitucional que "Se pueda votar por bandera, y no por fotografía". Será por que en el fondo saben que esa bandera, "la bandera del FMLN" es mas digna por que representa la lucha y el sacrifio de un pueblo por la justicia y por que sabe que por "Sus carotas" nadie va votar por que no tienen ni la minima verguenza y se han convertido en peores corruptos y gangueros que la peor de las derechas.
Ya quisieran ellos que esa bandera tan digna, los siga protegiendo y vivir a expensas de tanto sacrificio humano, por eso a votar por candidato, esa bandera es demasiado digna, como para servirles de escudo a tan inmorales personajes de derecha... Aqui les dejo una notita que expresa bien como piensan ellos (los diputados):
Las palabras del jefe de bancada de GANA a propósito de la elección de los titulares de la Corte de Cuentas revelan, con una crudeza inusitada, lo que en realidad piensan los partidos. La semana pasada, ante los cuestionamientos por hacer oídos sordos a las demandas ciudadanas de despartidizar las instancias del Estado, el diputado en mención respondió con las siguientes palabras: “No vengamos ahora a decir que no escuchamos a la sociedad civil. Seamos sinceros, ¿cuándo nos ha importado la sociedad civil a nosotros aquí en la Asamblea?”. Y a continuación el político, exmilitante de Arena, pasó a defender la elección de los titulares de la Corte de Cuentas, entre los que se cuenta el presidente de GANA.
martes, 5 de julio de 2011
Entrevista con los 4 magistrados de la Sala de lo Constitución de la Corte Suprema de Justicia (Primera parte)
Amig@s aquí les publico la entrevista que el faro, le hizo a los 4 Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, leanla y diganme si en comparación al discurso del flamante coordinador general "Medardo", quien se ve que esta siendo más sensato en lo piensa y hace:
Pocos días después del decreto 743, que obligaría a la Sala de lo Constitucional a sentenciar solo por unanimidad, el presidente Funes publicó un campo pagado en el que llamaba al diálogo entre los órganos del Estado. Ahí también decía que según él entendía, los magistrados habían hecho algunos compromisos con el partido Arena. Esto es lo que al presidente de la Corte Suprema, Belarmino Jaime, le parece una ofensa y, dado que Funes no ha rectificado, el silencio le parece un síntoma de sordera en el mandatario. "Un funcionario público no puede estar basando sus decisiones en rumores o en chambres", dice Jaime.
Esta es la segunda entrevista que El Faro realiza a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que han revuelto el sistema de partidos políticos diseñado en las leyes secundarias. El FMLN ya calificó como rebeldes a estos cuatro magistrados y estos advierten que seguirán siendo rebeldes en el sentido de privilegiar los derechos políticos de las personas ante los de los partidos, tal como lo establece la Constitución. Durante la semana que se realizó esta entrevista, el lunes 27 de junio, el nivel de tensión llegó a tal punto que PDC, PCN y Gana buscaron convencer al FMLN de juntar los votos para trasladar a dos de los magistrados de la Sala, con el fin de neutralizarlos.
El drama político o la crisis empezó hace un mes, cuando el 2 de junio la derecha legislativa en un pacto que avaló el presidente Funes al sancionar el pólemico decreto 743, amarró a la Sala de lo Constitucional exigiéndole sentenciar con los votos de los cinco magistrados. En esta entrevista, hablan de dialógo, pero aclaran que no cambiarán su forma de leer la realidad, esa que los ha puesto en la mira de los dirigentes políticos de derecha e izquierda.
En esta entrevista profundizan sobre una deuda pendiente: la depuración judicial. Justifican el atraso en depurar casi medio centenar de casos de corrupción de jueces. Dicen que hay un grupo de magistrados filibusteros que obsaculizan la agenda de Corte plena y que esto puede ser para proteger jueces corruptos. Son cinco o cuatro filibusteros, dice el magistrado Florentín Meléndez.
Han pasado nueve meses desde cuando en una entrevista en septiembre pasado ustedes cuatro nos decían, ironizando, que eran los indiciados. ¿Se ha intensificado esa percepción?
BELARMINO JAIME: Tal vez haya cambiado un poco, pero la situación anda más o menos de la misma manera, porque nosotros siempre vamos a seguir pronunciando las sentencias que nos toca pronunciar, y probablemente los políticos siempre van a estar descontentos. Desafortunadamente es algo que no podemos evitar, pero vamos a seguir haciendo el trabajo que nos corresponde.
RODOLFO GONZÁLEZ: Quizás el año pasado era más plural el tipo de pronunciamientos: el tema del presupuesto, el delartículo 191 del Código Penal y una única sentencia sobre las candidaturas no partidarias. Es cierto que este año, en el primer cuatrimestre se han concentrado cuantitativamente muchos pronunciamientos en materia electoral, pero basta ver el número de ingresos, que son casos de 2004, 2005 y 2006, que a nosotros nos ha planteado como un dilema: cumplir con nuestro objetivo de reducir la mora o este señalamiento de alterar la estabilidad y poner en riesgo las elecciones, que creemos que no es un riesgo real.
¿Y ustedes han optado por dedicarse a sentenciar sobre esta temática o es solo que la mayoría de las demandas de inconstitucionalidad que tienen acumuladas y de similar antigüedad son de esta materia?
RG: Esto último. Los casos que la anterior Sala consideró que podían declararse no ha lugar los resolvió en su momento. Los casos que después del análisis técnico le daban la impresión que podían dar ha lugar casi no votó y son los casos que nos encontramos.
SIDNEY BLANCO: Siento como que se ha intensificado la confrontación de parte de los partidos políticos, porque me da la impresión que los partidos políticos, a medida se acercan las elecciones, les va agarrando una especie de ansiedad por todo lo que implica competir electoralmente, y en esa ansiedad han revisado de nuevo las sentencias y han logrado de nuevo ver que las sentencias van orientadas a provocar una profunda reforma electoral. Una profunda reforma electoral que lleva como principal protagonista al ciudadano. Yo creo que empiezan los días en que hay que ver para atrás y darse cuenta del tiempo que se ha perdido desde cuando emitimos la primera sentencia, relacionada con candidaturas independientes, y que probablemente la lectura que le dieron en cuanto dictamos la sentencia es diferente a la que hacen hoy. Porque desde esta sentencia sobre candidaturas no partidarias, aunque nosotros reconocimos el papel importante que tienen los partidos políticos en la democracia, también trajimos a un actor olvidado, que es el ciudadano que no pertenece a partidos políticos. Claro, la presencia de este nuevo invitado en el proceso electoral ha generado casi desesperación de los partidos políticos, al grado que han propiciado una reunión con nosotros –a la que asistimos con el único propósito de escucharlos, sabiendo que no podemos negociar sentencias ni decretos, ni tampoco discutir con ellos por qué hemos resuelto en determinado sentido, porque ellos son parte interesada-, y lo que pudimos percibir en esa reunión es el interés de ellos centralizado en dos temas: uno, con unas demandas presentadas ante la Sala de lo Constitucional contra la Ley del Presupuesto, que nosotros no hemos resuelto todavía, y dos, el tema de las reformas electorales. Y es que, en verdad, a un tribunal constitucional no le corresponde comentar, hablar acerca de una demanda que está pendiente de resolverse. Nosotros tenemos que ser prudentes a la hora de tratar temas con otros órganos del Estado, en este caso sobre unos asuntos que están en nuestras manos. Y en los temas electorales, nosotros creemos que las sentencias están suficientemente motivadas para comprender todo lo que encierra la reforma electoral que se produce desde la propia sentencia de candidaturas no partidarias. La Sala ha mantenido la coherencia hasta este momento respecto de a quiénes estamos potenciando a través de estas sentencias, que es el ciudadano. En la última sentencia no hacemos otra cosa que ser coherentes con esa identificación con el ciudadano, permitiéndole que pueda impugnar decisiones del Tribunal Supremo Electoral, para que ese derecho no sea monopolio de los partidos políticos.
FLORENTÍN MELÉNDEZ: La primera sentencia electoral se pronunció 20 meses antes de las elecciones de marzo de 2012. Es un tiempo razonablemente suficiente como para que la Asamblea Legislativa pudiera haber preparado el terreno, adoptado las reformas que hubiera considerado pertinentes –según su capacidad soberana de configuración legislativa- y salir en tiempo. Las otras sentencias que se emitieron, especialmente después de la anterior entrevista con ustedes (en septiembre de 2010), son las que han generado más tensión, más efervescencia, porque fueron dirigidas –no deliberadamente sino porque eran parte de las obligaciones que tenemos- hacia partidos específicos que desaparecían del mapa electoral por no haber cumplido los requisitos vigentes en el momento en que participaron en la elección anterior. Entonces, esto fue una especie de chispa para darle una mayor velocidad a la tensión. Porque aquí no estamos hablando de choque de poderes ni mucho menos, lo cual ha pretendido ser alimentado por algunos empleados de unos pocos medios de comunicación. Aquí hay una especie de tensión y de reacciones por el efecto de la sentencia.
Las anteriores salas pasaban prácticamente inadvertidas, sobre todo en asuntos de gobierno. Es decir, había dos protagonistas: Asamblea Legislativa y Presidencia de la República. ¿Ustedes tenían idea de que este iba a ser su rol, que iban a llegar a este nivel de juego, de interacción tan concreta y tan intensa con los otros poderes?
RG: Es un rol muy natural de los tribunales constitucionales… las instituciones se encarnan en personas. Pensemos en un tribunal que ha desempeñado un rol institucional, sin llegar a ser gobierno de los jueces, y eso nos lo dijeron los diputados en la reunión que tuvimos: “Aquí algunos están hablando de que se está implantando un gobierno de los jueces…” Yfuimos claros en decir que no tenemos ninguna intención de establecer en el país un gobierno de jueces. Pero sin llegar a un gobierno de los jueces, veamos el rol protagónico de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que se ve tan natural. Desde el siglo XIX, con el tema de la esclavitud, algunos dicen que hubo una sentencia de la Suprema Corte que avaló la esclavitud y es la que dio lugar a la guerra civil, a la guerra de secesión en los Estados Unidos. Es decir, yo pensaría que aunque nosotros no lo hubiéramos pensado, ponernos la toga de jueces constitucionales implicaba que teníamos que desempeñar este rol. Justamente, en la única reunión que hemos tenido con la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, me quedó a mí la impresión –aunque no lo dijeron así con esas palabras- que el sistema electoral es un tema exclusivo de la Asamblea Legislativa. El presidente (Belarmino Jaime) les dijo: “¿Y qué vamos a hacer cuando alguien nos venga a reclamar un derecho constitucional de tipo político?” Con las características del sufragio -libre, directo, igualitario y secreto- o cuando se plantee un recurso de inconstitucionalidad contra una decisión que distribuye escaños en los departamentos, pero sin atender a la población o sin respetar el régimen de representación proporcional, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Decir que ese es un tema exclusivo de la Asamblea? No es un tema exclusivo. Pensemos en otros temas, económicos, por ejemplo, qué duda cabe que la Asamblea aprueba sus leyes económicas, y el Ejecutivo lleva las políticas económicas, fiscales, exterior, etcétera, pero hay derechos constitucionales de naturaleza económica. Hay un título en la Constitución que se llama Orden Económico, que comprende 20 artículos y que se refiere a la tenencia de la tierra, la concesión de los servicios públicos, la libertad económica, la propiedad privada en función social, etcétera... ¿Qué vamos a hacer si nos vienen a reclamar eso? ¿Decir que es un tema exclusivo del Ejecutivo porque él lleva la política económica del país? No. Y los tres órganos somos calificados en el artículo 86 de la Constitución como órganos fundamentales del gobierno.
SB: Yo quiero ahondar sobre esto. Estamos convencidos del papel que le corresponde a un tribunal constitucional en países como los nuestros. Estábamos convencidos también de la tradición que ha existido en el país, del presidencialismo exacerbado que ha existido en nuestro país. El respeto en cascada de todas las órdenes del presidente de la república, que han pasado por la Asamblea Legislativa y que terminan en el Órgano Judicial. Eso lo conocíamos. Yo, en lo personal, en lo que no tenía ni idea era en cuán atrasados estamos en el debate de las competencias constitucionales de cada uno de los órganos del Estado. Porque escuchar a funcionarios decir que la Constitución la interpretan ellos o decir –por ejemplo- que no van a atender una resolución judicial, porque ellos creen que es contraria a la Constitución… esto lo que provoca es una necesidad urgente de implementar un debate sobre las competencias de cada uno de los órganos y también creo que es importante el debate acerca de los efectos que producen las sentencias y si los demás órganos están obligados o no a cumplirlas. Porque con esta interpretación de que “si ustedes dictan sentencias inconstitucionales, nosotros no las vamos a acatar”, ahí como que se produce una distorsión respecto al estado de derecho y eso para mí sí ha sido sorprendente.
Cuando usted escucha este tipo de expresiones de parte de los dirigentes políticos, de los diputados, ¿usted cree que lo dicen con sinceridad, que eso es lo que creen, o piensa que es viveza y dicen lo que les conviene?
SB: No sé por qué lo expresan así... Hemos escuchado, por ejemplo, a políticos decir que la Sala de lo Constitucional no debe de entrar a conocer asuntos electorales ni debe dictar parámetros para legislar. Voy a poner un ejemplo en el que resulta importante que exista control constitucional de las actuaciones del legislativo. A través de las sentencias de inconstitucionalidad, en donde nosotros hemos expulsado del ordenamiento jurídico muchas leyes, ha sido porque ha existido o una interpretación errónea de la Constitución por parte de los legisladores o simplemente una burla al texto de la propia Constitución. Un ejemplo, nadie niega que el 743 es ley, pero lo que sí nosotros hemos negado es la validez constitucional de esa ley, que es una atribución de cualquier juez. Mire, yo tengo 14 años de ser juez, y me he pasado toda la vida en estos 14 años declarando inaplicabilidades de leyes emanadas por la Asamblea Legislativa, por ser contrarias a principios constitucionales.
Cuando habla de burlas a la Constitución, ¿lo dice en sentido metafórico o es literal?
SB: Violación a la Constitución.
Sí, pero el término burla quizás denota alguna intención de saltarse la Constitución…
SB: Me refiero a esquivar la literalidad de la Constitución.
Es decir, ¿hay una voluntad de contrariar la Constitución de parte del legislador o es ignorancia?
SB: Lo que pasa es que las actuaciones de los diputados muchas veces resultan difíciles de comprender. Tú mismo lo planteabas, ¿lo harán por ignorancia o lo harán por malicia? No sabemos. No sabemos si lo hacen por interés. Es decir, no sabemos por qué crean unas leyes violando una disposición expresada en la Constitución. No sabemos si lo hacen por burla, por ignorancia, por malicia. Por eso es que les corresponde a los tribunales enjuiciar el acto legislativo.
Pocos días después del decreto 743, que obligaría a la Sala de lo Constitucional a sentenciar solo por unanimidad, el presidente Funes publicó un campo pagado en el que llamaba al diálogo entre los órganos del Estado. Ahí también decía que según él entendía, los magistrados habían hecho algunos compromisos con el partido Arena. Esto es lo que al presidente de la Corte Suprema, Belarmino Jaime, le parece una ofensa y, dado que Funes no ha rectificado, el silencio le parece un síntoma de sordera en el mandatario. "Un funcionario público no puede estar basando sus decisiones en rumores o en chambres", dice Jaime.
Esta es la segunda entrevista que El Faro realiza a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que han revuelto el sistema de partidos políticos diseñado en las leyes secundarias. El FMLN ya calificó como rebeldes a estos cuatro magistrados y estos advierten que seguirán siendo rebeldes en el sentido de privilegiar los derechos políticos de las personas ante los de los partidos, tal como lo establece la Constitución. Durante la semana que se realizó esta entrevista, el lunes 27 de junio, el nivel de tensión llegó a tal punto que PDC, PCN y Gana buscaron convencer al FMLN de juntar los votos para trasladar a dos de los magistrados de la Sala, con el fin de neutralizarlos.
El drama político o la crisis empezó hace un mes, cuando el 2 de junio la derecha legislativa en un pacto que avaló el presidente Funes al sancionar el pólemico decreto 743, amarró a la Sala de lo Constitucional exigiéndole sentenciar con los votos de los cinco magistrados. En esta entrevista, hablan de dialógo, pero aclaran que no cambiarán su forma de leer la realidad, esa que los ha puesto en la mira de los dirigentes políticos de derecha e izquierda.
En esta entrevista profundizan sobre una deuda pendiente: la depuración judicial. Justifican el atraso en depurar casi medio centenar de casos de corrupción de jueces. Dicen que hay un grupo de magistrados filibusteros que obsaculizan la agenda de Corte plena y que esto puede ser para proteger jueces corruptos. Son cinco o cuatro filibusteros, dice el magistrado Florentín Meléndez.
Han pasado nueve meses desde cuando en una entrevista en septiembre pasado ustedes cuatro nos decían, ironizando, que eran los indiciados. ¿Se ha intensificado esa percepción?
BELARMINO JAIME: Tal vez haya cambiado un poco, pero la situación anda más o menos de la misma manera, porque nosotros siempre vamos a seguir pronunciando las sentencias que nos toca pronunciar, y probablemente los políticos siempre van a estar descontentos. Desafortunadamente es algo que no podemos evitar, pero vamos a seguir haciendo el trabajo que nos corresponde.
RODOLFO GONZÁLEZ: Quizás el año pasado era más plural el tipo de pronunciamientos: el tema del presupuesto, el delartículo 191 del Código Penal y una única sentencia sobre las candidaturas no partidarias. Es cierto que este año, en el primer cuatrimestre se han concentrado cuantitativamente muchos pronunciamientos en materia electoral, pero basta ver el número de ingresos, que son casos de 2004, 2005 y 2006, que a nosotros nos ha planteado como un dilema: cumplir con nuestro objetivo de reducir la mora o este señalamiento de alterar la estabilidad y poner en riesgo las elecciones, que creemos que no es un riesgo real.
¿Y ustedes han optado por dedicarse a sentenciar sobre esta temática o es solo que la mayoría de las demandas de inconstitucionalidad que tienen acumuladas y de similar antigüedad son de esta materia?
RG: Esto último. Los casos que la anterior Sala consideró que podían declararse no ha lugar los resolvió en su momento. Los casos que después del análisis técnico le daban la impresión que podían dar ha lugar casi no votó y son los casos que nos encontramos.
SIDNEY BLANCO: Siento como que se ha intensificado la confrontación de parte de los partidos políticos, porque me da la impresión que los partidos políticos, a medida se acercan las elecciones, les va agarrando una especie de ansiedad por todo lo que implica competir electoralmente, y en esa ansiedad han revisado de nuevo las sentencias y han logrado de nuevo ver que las sentencias van orientadas a provocar una profunda reforma electoral. Una profunda reforma electoral que lleva como principal protagonista al ciudadano. Yo creo que empiezan los días en que hay que ver para atrás y darse cuenta del tiempo que se ha perdido desde cuando emitimos la primera sentencia, relacionada con candidaturas independientes, y que probablemente la lectura que le dieron en cuanto dictamos la sentencia es diferente a la que hacen hoy. Porque desde esta sentencia sobre candidaturas no partidarias, aunque nosotros reconocimos el papel importante que tienen los partidos políticos en la democracia, también trajimos a un actor olvidado, que es el ciudadano que no pertenece a partidos políticos. Claro, la presencia de este nuevo invitado en el proceso electoral ha generado casi desesperación de los partidos políticos, al grado que han propiciado una reunión con nosotros –a la que asistimos con el único propósito de escucharlos, sabiendo que no podemos negociar sentencias ni decretos, ni tampoco discutir con ellos por qué hemos resuelto en determinado sentido, porque ellos son parte interesada-, y lo que pudimos percibir en esa reunión es el interés de ellos centralizado en dos temas: uno, con unas demandas presentadas ante la Sala de lo Constitucional contra la Ley del Presupuesto, que nosotros no hemos resuelto todavía, y dos, el tema de las reformas electorales. Y es que, en verdad, a un tribunal constitucional no le corresponde comentar, hablar acerca de una demanda que está pendiente de resolverse. Nosotros tenemos que ser prudentes a la hora de tratar temas con otros órganos del Estado, en este caso sobre unos asuntos que están en nuestras manos. Y en los temas electorales, nosotros creemos que las sentencias están suficientemente motivadas para comprender todo lo que encierra la reforma electoral que se produce desde la propia sentencia de candidaturas no partidarias. La Sala ha mantenido la coherencia hasta este momento respecto de a quiénes estamos potenciando a través de estas sentencias, que es el ciudadano. En la última sentencia no hacemos otra cosa que ser coherentes con esa identificación con el ciudadano, permitiéndole que pueda impugnar decisiones del Tribunal Supremo Electoral, para que ese derecho no sea monopolio de los partidos políticos.
FLORENTÍN MELÉNDEZ: La primera sentencia electoral se pronunció 20 meses antes de las elecciones de marzo de 2012. Es un tiempo razonablemente suficiente como para que la Asamblea Legislativa pudiera haber preparado el terreno, adoptado las reformas que hubiera considerado pertinentes –según su capacidad soberana de configuración legislativa- y salir en tiempo. Las otras sentencias que se emitieron, especialmente después de la anterior entrevista con ustedes (en septiembre de 2010), son las que han generado más tensión, más efervescencia, porque fueron dirigidas –no deliberadamente sino porque eran parte de las obligaciones que tenemos- hacia partidos específicos que desaparecían del mapa electoral por no haber cumplido los requisitos vigentes en el momento en que participaron en la elección anterior. Entonces, esto fue una especie de chispa para darle una mayor velocidad a la tensión. Porque aquí no estamos hablando de choque de poderes ni mucho menos, lo cual ha pretendido ser alimentado por algunos empleados de unos pocos medios de comunicación. Aquí hay una especie de tensión y de reacciones por el efecto de la sentencia.
Las anteriores salas pasaban prácticamente inadvertidas, sobre todo en asuntos de gobierno. Es decir, había dos protagonistas: Asamblea Legislativa y Presidencia de la República. ¿Ustedes tenían idea de que este iba a ser su rol, que iban a llegar a este nivel de juego, de interacción tan concreta y tan intensa con los otros poderes?
RG: Es un rol muy natural de los tribunales constitucionales… las instituciones se encarnan en personas. Pensemos en un tribunal que ha desempeñado un rol institucional, sin llegar a ser gobierno de los jueces, y eso nos lo dijeron los diputados en la reunión que tuvimos: “Aquí algunos están hablando de que se está implantando un gobierno de los jueces…” Yfuimos claros en decir que no tenemos ninguna intención de establecer en el país un gobierno de jueces. Pero sin llegar a un gobierno de los jueces, veamos el rol protagónico de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que se ve tan natural. Desde el siglo XIX, con el tema de la esclavitud, algunos dicen que hubo una sentencia de la Suprema Corte que avaló la esclavitud y es la que dio lugar a la guerra civil, a la guerra de secesión en los Estados Unidos. Es decir, yo pensaría que aunque nosotros no lo hubiéramos pensado, ponernos la toga de jueces constitucionales implicaba que teníamos que desempeñar este rol. Justamente, en la única reunión que hemos tenido con la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, me quedó a mí la impresión –aunque no lo dijeron así con esas palabras- que el sistema electoral es un tema exclusivo de la Asamblea Legislativa. El presidente (Belarmino Jaime) les dijo: “¿Y qué vamos a hacer cuando alguien nos venga a reclamar un derecho constitucional de tipo político?” Con las características del sufragio -libre, directo, igualitario y secreto- o cuando se plantee un recurso de inconstitucionalidad contra una decisión que distribuye escaños en los departamentos, pero sin atender a la población o sin respetar el régimen de representación proporcional, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Decir que ese es un tema exclusivo de la Asamblea? No es un tema exclusivo. Pensemos en otros temas, económicos, por ejemplo, qué duda cabe que la Asamblea aprueba sus leyes económicas, y el Ejecutivo lleva las políticas económicas, fiscales, exterior, etcétera, pero hay derechos constitucionales de naturaleza económica. Hay un título en la Constitución que se llama Orden Económico, que comprende 20 artículos y que se refiere a la tenencia de la tierra, la concesión de los servicios públicos, la libertad económica, la propiedad privada en función social, etcétera... ¿Qué vamos a hacer si nos vienen a reclamar eso? ¿Decir que es un tema exclusivo del Ejecutivo porque él lleva la política económica del país? No. Y los tres órganos somos calificados en el artículo 86 de la Constitución como órganos fundamentales del gobierno.
SB: Yo quiero ahondar sobre esto. Estamos convencidos del papel que le corresponde a un tribunal constitucional en países como los nuestros. Estábamos convencidos también de la tradición que ha existido en el país, del presidencialismo exacerbado que ha existido en nuestro país. El respeto en cascada de todas las órdenes del presidente de la república, que han pasado por la Asamblea Legislativa y que terminan en el Órgano Judicial. Eso lo conocíamos. Yo, en lo personal, en lo que no tenía ni idea era en cuán atrasados estamos en el debate de las competencias constitucionales de cada uno de los órganos del Estado. Porque escuchar a funcionarios decir que la Constitución la interpretan ellos o decir –por ejemplo- que no van a atender una resolución judicial, porque ellos creen que es contraria a la Constitución… esto lo que provoca es una necesidad urgente de implementar un debate sobre las competencias de cada uno de los órganos y también creo que es importante el debate acerca de los efectos que producen las sentencias y si los demás órganos están obligados o no a cumplirlas. Porque con esta interpretación de que “si ustedes dictan sentencias inconstitucionales, nosotros no las vamos a acatar”, ahí como que se produce una distorsión respecto al estado de derecho y eso para mí sí ha sido sorprendente.
Cuando usted escucha este tipo de expresiones de parte de los dirigentes políticos, de los diputados, ¿usted cree que lo dicen con sinceridad, que eso es lo que creen, o piensa que es viveza y dicen lo que les conviene?
SB: No sé por qué lo expresan así... Hemos escuchado, por ejemplo, a políticos decir que la Sala de lo Constitucional no debe de entrar a conocer asuntos electorales ni debe dictar parámetros para legislar. Voy a poner un ejemplo en el que resulta importante que exista control constitucional de las actuaciones del legislativo. A través de las sentencias de inconstitucionalidad, en donde nosotros hemos expulsado del ordenamiento jurídico muchas leyes, ha sido porque ha existido o una interpretación errónea de la Constitución por parte de los legisladores o simplemente una burla al texto de la propia Constitución. Un ejemplo, nadie niega que el 743 es ley, pero lo que sí nosotros hemos negado es la validez constitucional de esa ley, que es una atribución de cualquier juez. Mire, yo tengo 14 años de ser juez, y me he pasado toda la vida en estos 14 años declarando inaplicabilidades de leyes emanadas por la Asamblea Legislativa, por ser contrarias a principios constitucionales.
Cuando habla de burlas a la Constitución, ¿lo dice en sentido metafórico o es literal?
SB: Violación a la Constitución.
Sí, pero el término burla quizás denota alguna intención de saltarse la Constitución…
SB: Me refiero a esquivar la literalidad de la Constitución.
Es decir, ¿hay una voluntad de contrariar la Constitución de parte del legislador o es ignorancia?
SB: Lo que pasa es que las actuaciones de los diputados muchas veces resultan difíciles de comprender. Tú mismo lo planteabas, ¿lo harán por ignorancia o lo harán por malicia? No sabemos. No sabemos si lo hacen por interés. Es decir, no sabemos por qué crean unas leyes violando una disposición expresada en la Constitución. No sabemos si lo hacen por burla, por ignorancia, por malicia. Por eso es que les corresponde a los tribunales enjuiciar el acto legislativo.
Entrevista con los 4 magistrados de la Sala de lo Constitución de la Corte Suprema de Justicia (Segunda parte)
Amig@s aquí les publico la entrevista que el faro, le hizo a los 4 Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, leanla y diganme si en comparación al discurso del flamante coordinador general "Medardo", quien se ve que esta siendo más sensato en lo piensa y hace:
Escuché al magistrado Ulices del Dios Guzmán decir que ustedes están equivocados al incluirse dentro de estos tribunales que menciona el artículo 185, ese que sustenta declarar inaplicable algunas leyes.
FM: La Constitución no hace distinción a qué tribunales se refiere. Dice: “corresponde a los tribunales”. Se refiere a cualquier tribunal que pertenece al Órgano Judicial, pero si usamos el sentido común, la razón –que son compañeras fieles a la interpretación de las leyes de la Constitución y deducimos de la misma Constitución- que si la Sala Constitucional tiene el poder constitucional, porque así se lo otorga la Carta Magna declara inconstitucional una ley con efectos generales para todos, con mayor razón, los jueces constitucionales van a tener la capacidad constitucional de no aplicar un artículo o un decreto en un caso concreto. Es una cuestión de razonabilidad. Además, de la lectura integra o literal del texto del artículo 185.
SB: Tengo que disculparme, pero tengo otro compromiso. Yo firmo todo lo que dicen mis compañeros… ja, Ja, Ja
Je, je, un cheque en blanco les está firmando. Pero sigamos.
BJ: Yo creo que todas estas discusiones que se están dando obedecen a la discusión de hasta dónde llega el control constitucional que puede hacer la Sala. Aquí en el país se ha estado acostumbrado a otra cosa. Por supuesto, nosotros no participamos en política partidaria, pero las sentencias que nosotros pronunciamos sí pueden tener un efecto político. Y de hecho sí lo tiene. Eso no quiere decir que nosotros estemos -al pronunciar nuestra sentencia- tratando de privilegiar a una o a otra orientación política. Simplemente tratamos de hacer una mejor interpretación de la Constitución y con base eneso resolvemos. La Sala de lo Constitucional tiene un poder tan grande que puede paralizar cualquier proyecto del gobierno, si ese proyecto es violativo de la Constitución y alguien viene a reclamarnos, pues lo sentimos mucho, pero hasta ahí llega el poder de la Sala y no hay en el país ningún organismo estatal que se escape al control de la Constitución. Ya lo decía Florentín, lo decía también Sidney, en el caso por ejemplo del Tribunal Supremo Electoral. Claro, ellos tienen competencia exclusiva en materia electoral, pero si a través de decisiones de ellos, o a través de legislación electoral se están violando los derechos individuales del ciudadano, derechos económicos, políticos, lo que sea, la misma Constitución nos faculta para intervenir en eso.
¿Y usted sí cree que a veces hay una intención de burlar lo que dice el texto constitucional deliberadamente?
BJ: No quisiera calificar o hacer un juicio de valor de las conductas de otros actores. Lo que sí le puedo decir es que muchas veces se privilegia un interés en particular. Aquí, yo creo que eso lo saben ustedes mejor que nosotros. Cuando están de por medio los intereses del país y los intereses particulares, no quiero calificar de qué sujeto, privilegian los particulares y hacen a un lado los intereses del país. Nosotros no estamos en eso.
RG: Me da la impresión de que en nuestro país hemos tenido un parlamentarismo poco desarrollado –no estoy diciendo primitivo-, que no ha llegado a ese nivel de desarrollo para que junto a la Constitución y la jurisprudencia constitucional sea un dato a tomar en cuenta junto a otros al momento de tomar una decisión. Es tan simple como: “tenemos los votos, ahí va la ley”. Y ya se tiene arreglado en el Ejecutivo que se va a sancionar. Ahí va la ley. Y después con razón se dan las muestras de sorpresa cuando se declara inconstitucional. Y uno dice: “Bueno, ¿revisaron la jurisprudencia constitucional o qué?”
Está claro que hay un entrampamiento. La Asamblea dice una cosa, ustedes dicen otra, y entonces esto como que no tiene salida. ¿Tiene salida?
FM: Por supuesto que tiene salida.
¿La Fuerza Armada?
FM: No, no, nada que ver el uso de la violencia. Aquí tiene que imperar la razón, tiene que imperar el compromiso con el país, el acatamiento de la Constitución fundamentalmente. Mira, claro que esto pasa por un proceso de entendimiento de las reglas que hacen funcionar a este país. Y para mí que no es un entrampamiento.
¿Qué es?
FM: Nosotros seguimos funcionando. Si estuviéramos entrampados no pudiéramos seguir produciendo más sentencias en la Sala de lo Constitucional.
No publicaron una sentencia en el Diario Oficial.
FM: Bueno, no importa, independientemente de un acto ilegal como este o inconstitucional como el del señor director del Diario Oficial que no acata una orden de un tribunal, y que no es cualquier tribunal, es el tribunal encargado de defender la Constitución y de defender los derechos de los salvadoreños y de defender el estado de derecho.
El punto es cuando ya no les hacen caso. Cuando ya las sentencias no tienen…
FM: Perdón, por aclaración, las sentencias de los tribunales, en el caso de la Sala de lo Constitucional, produce efectos jurídicos desde el momento en que son proclamadas y notificadas. Y las notificaciones no dependen de las formas en como las partes quieren que se les notifique. Depende de las reglas constitucionales y legales vigentes en todos los procesos judiciales. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, en algunos casos ha dicho: “No nos damos por notificados” y alguna vez dijeron que la notificación se concretizaba hasta que los 84 diputados fueron notificados en el pleno de la Asamblea Legislativa. De igual manera, ahora, un funcionario administrativo, ya no un legislador, se quiere resistir a cumplir los efectos de una sentencia. Eso es parte del desconocimiento de las reglas que operan el incipiente estado de derecho que tenemos en este país: ni los legisladores, ni los empleados o funcionarios administrativos, ni el presidente de la República –ni el presidente de la República— tienen facultades constitucionales para desatender, ignorar, o interpretar a su manera, las sentencias que provienen de los tribunales de justicia del país. Las sentencias nuestras producen efectos jurídicos desde el momento en que las firmamos y en que son notificadas a las partes en los lugares donde, según la ley, se les tiene que notificar. A la Asamblea Legislativa se le notifica…
Si hay resistencia en un colegio eminentemente partidario como es la Asamblea Legislativa, ¿por qué no la va a haber también en el Tribunal Supremo Electoral, que también es eminentemente partidario?
BJ: Yo esperaría que al final prive la sensatez.¿Cómo cree que va a terminar esta tensión, presidente?
¿Cómo se expresaría esa sensatez en hechos?
BJ: que todos cumplamos las reglas del juego, eso sería lo sensato, que todos cumplamos las reglas del juego, que el Ejecutivo haga lo propio y que el Legislativo haga lo propio, y que nosotros sigamos pronunciando las sentencias que nos toca pronunciar. No tenemos ninguna agenda escondida. La agenda nuestra es la agenda que los ciudadanos establecen a través de las demandas que presentan.
Ahora, lo que usted está diciendo es justo lo que dicen los diputados, que ustedes cumplan las reglas del juego.
BJ: Pues sí, pero ¿cuáles son las reglas que hemos violado nosotros?
Es el punto, ¿verdad?
BJ: Pues sí. ¿Pero cuáles son las reglas del juego?
Ante la opinión pública, hay un Órgano del Estado que dice una cosa, y otro que dice lo contrario. ¿Quién tiene la razón? Lo que hace falta aquí es un árbitro.
RG: Algunas voces sensatas, no de esta gente que tienen las ansiedades electorales de las que hablaba Sidney, han hablado de diálogo. Hombre, el diálogo fue capaz de terminar una guerra, ninguno de nosotros debería tenerle temor al diálogo, incluso dejando de lado cuestiones puramente de voluntad.
¿Ustedes están atrincherados?
RG: No. Se lee como que hay un atrincheramiento en el sentido de que para nosotros no hay una violación a la autonomía de la Asamblea con nuestras sentencias y la Asamblea considera que sí la hay.
¿Ustedes consideran que los diputados están atrincherados en su posición?
RG: Cuando la Asamblea nos dice que su materia exclusiva que es el ámbito electoral y que nosotros lo estamos invadiendo, nosotros le explicamos que no y una semana después nos dicen que estamos en rebeldía, en desacato, que ya no emitamos más sentencias, podría verse así. Claro, estamos hablando los dos Órganos interesados. Yo creo que una forma muy sensata es el diálogo, pero yo prefiero reuniones más esporádicas y más productivas que reuniones sociales y por eso hemos dicho el tema de agenda. Los dos presidentes de los Órganos se están reuniendo y el tema es una definición de una agenda, de qué cosas sí se pueden hablar y de qué cosas no se pueden hablar.
Esa reunión que tuvieron y después de la cual el presidente de la Asamblea y usted, presidente de la Corte Suprema, dieron declaraciones, ¿fue productiva?
BJ: Yo pienso que sí, porque de algún modo sirvió sobre todo en el caso de los señores diputados para que se desahogaran, pero ya lo decían acá los compañeros, esas reuniones no implican negociar sentencias. Si ese fue el sentido, pues se equivocaron. Nosotros nunca nos vamos a reunir para estar negociando sentencias. Algunos piensan instrumentalizar o creen que pueden instrumentalizar a la Sala de lo Constitucional y el ejemplo clarísimo fue que nosotros habíamos dado declaraciones que en el momento que se sabe lo del 743 no había en los archivos acá de la Sala de lo Constitucional ninguna demanda pendiente del sobre la Ley de Amnistía. Pero, ¿qué pasó? Un día o dos días después viene alguien que en vez de resolver el problema viene a hacerlo más grande y presenta una demanda de inconstitucionalidad sobre esa ley. Para mí hubo un partido político que andaba ahí y esa es una forma perversa de tratar de agravarnos los problemas.
El presidente Funes también hizo eco de algo que él mismo, en un comunicado, citó como un rumor. Dijo que ustedes tenían ya unos compromisos asumidos con el partido Arena.
BJ: A mí eso es de las cosas que me entristecen porque creo que un primer mandatario, un Presidente de la República, no debe basar sus afirmaciones en rumores y mucho menos dar declaraciones que pudieran ser ofensivas para miembros de otros Órganos del Estado. Nosotros inmediatamente después de eso sacamos una aclaración en el periódico, pidiéndole que rectificara. Parece que es un poquito sordo o que no ha oído ese pedido nuestro de rectificar. Nosotros no tenemos ningún problema en rectificar cuando nos hemos equivocado. Pero que nos vengan a decir: "Miren, es que como yo oí un rumor de que ustedes iban a hacer tal cosa por eso estoy haciendo eso", ¡hombre!, a mí me parece falta de seriedad del funcionario que hace eso porque un funcionario público no puede estar basando sus decisiones en rumores o en chambres. Creo que no es propio de un Presidente de la República.
Escuché al magistrado Ulices del Dios Guzmán decir que ustedes están equivocados al incluirse dentro de estos tribunales que menciona el artículo 185, ese que sustenta declarar inaplicable algunas leyes.
FM: La Constitución no hace distinción a qué tribunales se refiere. Dice: “corresponde a los tribunales”. Se refiere a cualquier tribunal que pertenece al Órgano Judicial, pero si usamos el sentido común, la razón –que son compañeras fieles a la interpretación de las leyes de la Constitución y deducimos de la misma Constitución- que si la Sala Constitucional tiene el poder constitucional, porque así se lo otorga la Carta Magna declara inconstitucional una ley con efectos generales para todos, con mayor razón, los jueces constitucionales van a tener la capacidad constitucional de no aplicar un artículo o un decreto en un caso concreto. Es una cuestión de razonabilidad. Además, de la lectura integra o literal del texto del artículo 185.
SB: Tengo que disculparme, pero tengo otro compromiso. Yo firmo todo lo que dicen mis compañeros… ja, Ja, Ja
Je, je, un cheque en blanco les está firmando. Pero sigamos.
BJ: Yo creo que todas estas discusiones que se están dando obedecen a la discusión de hasta dónde llega el control constitucional que puede hacer la Sala. Aquí en el país se ha estado acostumbrado a otra cosa. Por supuesto, nosotros no participamos en política partidaria, pero las sentencias que nosotros pronunciamos sí pueden tener un efecto político. Y de hecho sí lo tiene. Eso no quiere decir que nosotros estemos -al pronunciar nuestra sentencia- tratando de privilegiar a una o a otra orientación política. Simplemente tratamos de hacer una mejor interpretación de la Constitución y con base eneso resolvemos. La Sala de lo Constitucional tiene un poder tan grande que puede paralizar cualquier proyecto del gobierno, si ese proyecto es violativo de la Constitución y alguien viene a reclamarnos, pues lo sentimos mucho, pero hasta ahí llega el poder de la Sala y no hay en el país ningún organismo estatal que se escape al control de la Constitución. Ya lo decía Florentín, lo decía también Sidney, en el caso por ejemplo del Tribunal Supremo Electoral. Claro, ellos tienen competencia exclusiva en materia electoral, pero si a través de decisiones de ellos, o a través de legislación electoral se están violando los derechos individuales del ciudadano, derechos económicos, políticos, lo que sea, la misma Constitución nos faculta para intervenir en eso.
¿Y usted sí cree que a veces hay una intención de burlar lo que dice el texto constitucional deliberadamente?
BJ: No quisiera calificar o hacer un juicio de valor de las conductas de otros actores. Lo que sí le puedo decir es que muchas veces se privilegia un interés en particular. Aquí, yo creo que eso lo saben ustedes mejor que nosotros. Cuando están de por medio los intereses del país y los intereses particulares, no quiero calificar de qué sujeto, privilegian los particulares y hacen a un lado los intereses del país. Nosotros no estamos en eso.
RG: Me da la impresión de que en nuestro país hemos tenido un parlamentarismo poco desarrollado –no estoy diciendo primitivo-, que no ha llegado a ese nivel de desarrollo para que junto a la Constitución y la jurisprudencia constitucional sea un dato a tomar en cuenta junto a otros al momento de tomar una decisión. Es tan simple como: “tenemos los votos, ahí va la ley”. Y ya se tiene arreglado en el Ejecutivo que se va a sancionar. Ahí va la ley. Y después con razón se dan las muestras de sorpresa cuando se declara inconstitucional. Y uno dice: “Bueno, ¿revisaron la jurisprudencia constitucional o qué?”
Está claro que hay un entrampamiento. La Asamblea dice una cosa, ustedes dicen otra, y entonces esto como que no tiene salida. ¿Tiene salida?
FM: Por supuesto que tiene salida.
¿La Fuerza Armada?
FM: No, no, nada que ver el uso de la violencia. Aquí tiene que imperar la razón, tiene que imperar el compromiso con el país, el acatamiento de la Constitución fundamentalmente. Mira, claro que esto pasa por un proceso de entendimiento de las reglas que hacen funcionar a este país. Y para mí que no es un entrampamiento.
¿Qué es?
FM: Nosotros seguimos funcionando. Si estuviéramos entrampados no pudiéramos seguir produciendo más sentencias en la Sala de lo Constitucional.
No publicaron una sentencia en el Diario Oficial.
FM: Bueno, no importa, independientemente de un acto ilegal como este o inconstitucional como el del señor director del Diario Oficial que no acata una orden de un tribunal, y que no es cualquier tribunal, es el tribunal encargado de defender la Constitución y de defender los derechos de los salvadoreños y de defender el estado de derecho.
El punto es cuando ya no les hacen caso. Cuando ya las sentencias no tienen…
FM: Perdón, por aclaración, las sentencias de los tribunales, en el caso de la Sala de lo Constitucional, produce efectos jurídicos desde el momento en que son proclamadas y notificadas. Y las notificaciones no dependen de las formas en como las partes quieren que se les notifique. Depende de las reglas constitucionales y legales vigentes en todos los procesos judiciales. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, en algunos casos ha dicho: “No nos damos por notificados” y alguna vez dijeron que la notificación se concretizaba hasta que los 84 diputados fueron notificados en el pleno de la Asamblea Legislativa. De igual manera, ahora, un funcionario administrativo, ya no un legislador, se quiere resistir a cumplir los efectos de una sentencia. Eso es parte del desconocimiento de las reglas que operan el incipiente estado de derecho que tenemos en este país: ni los legisladores, ni los empleados o funcionarios administrativos, ni el presidente de la República –ni el presidente de la República— tienen facultades constitucionales para desatender, ignorar, o interpretar a su manera, las sentencias que provienen de los tribunales de justicia del país. Las sentencias nuestras producen efectos jurídicos desde el momento en que las firmamos y en que son notificadas a las partes en los lugares donde, según la ley, se les tiene que notificar. A la Asamblea Legislativa se le notifica…
Si hay resistencia en un colegio eminentemente partidario como es la Asamblea Legislativa, ¿por qué no la va a haber también en el Tribunal Supremo Electoral, que también es eminentemente partidario?
BJ: Yo esperaría que al final prive la sensatez.¿Cómo cree que va a terminar esta tensión, presidente?
¿Cómo se expresaría esa sensatez en hechos?
BJ: que todos cumplamos las reglas del juego, eso sería lo sensato, que todos cumplamos las reglas del juego, que el Ejecutivo haga lo propio y que el Legislativo haga lo propio, y que nosotros sigamos pronunciando las sentencias que nos toca pronunciar. No tenemos ninguna agenda escondida. La agenda nuestra es la agenda que los ciudadanos establecen a través de las demandas que presentan.
Ahora, lo que usted está diciendo es justo lo que dicen los diputados, que ustedes cumplan las reglas del juego.
BJ: Pues sí, pero ¿cuáles son las reglas que hemos violado nosotros?
Es el punto, ¿verdad?
BJ: Pues sí. ¿Pero cuáles son las reglas del juego?
Ante la opinión pública, hay un Órgano del Estado que dice una cosa, y otro que dice lo contrario. ¿Quién tiene la razón? Lo que hace falta aquí es un árbitro.
RG: Algunas voces sensatas, no de esta gente que tienen las ansiedades electorales de las que hablaba Sidney, han hablado de diálogo. Hombre, el diálogo fue capaz de terminar una guerra, ninguno de nosotros debería tenerle temor al diálogo, incluso dejando de lado cuestiones puramente de voluntad.
¿Ustedes están atrincherados?
RG: No. Se lee como que hay un atrincheramiento en el sentido de que para nosotros no hay una violación a la autonomía de la Asamblea con nuestras sentencias y la Asamblea considera que sí la hay.
¿Ustedes consideran que los diputados están atrincherados en su posición?
RG: Cuando la Asamblea nos dice que su materia exclusiva que es el ámbito electoral y que nosotros lo estamos invadiendo, nosotros le explicamos que no y una semana después nos dicen que estamos en rebeldía, en desacato, que ya no emitamos más sentencias, podría verse así. Claro, estamos hablando los dos Órganos interesados. Yo creo que una forma muy sensata es el diálogo, pero yo prefiero reuniones más esporádicas y más productivas que reuniones sociales y por eso hemos dicho el tema de agenda. Los dos presidentes de los Órganos se están reuniendo y el tema es una definición de una agenda, de qué cosas sí se pueden hablar y de qué cosas no se pueden hablar.
Esa reunión que tuvieron y después de la cual el presidente de la Asamblea y usted, presidente de la Corte Suprema, dieron declaraciones, ¿fue productiva?
BJ: Yo pienso que sí, porque de algún modo sirvió sobre todo en el caso de los señores diputados para que se desahogaran, pero ya lo decían acá los compañeros, esas reuniones no implican negociar sentencias. Si ese fue el sentido, pues se equivocaron. Nosotros nunca nos vamos a reunir para estar negociando sentencias. Algunos piensan instrumentalizar o creen que pueden instrumentalizar a la Sala de lo Constitucional y el ejemplo clarísimo fue que nosotros habíamos dado declaraciones que en el momento que se sabe lo del 743 no había en los archivos acá de la Sala de lo Constitucional ninguna demanda pendiente del sobre la Ley de Amnistía. Pero, ¿qué pasó? Un día o dos días después viene alguien que en vez de resolver el problema viene a hacerlo más grande y presenta una demanda de inconstitucionalidad sobre esa ley. Para mí hubo un partido político que andaba ahí y esa es una forma perversa de tratar de agravarnos los problemas.
El presidente Funes también hizo eco de algo que él mismo, en un comunicado, citó como un rumor. Dijo que ustedes tenían ya unos compromisos asumidos con el partido Arena.
BJ: A mí eso es de las cosas que me entristecen porque creo que un primer mandatario, un Presidente de la República, no debe basar sus afirmaciones en rumores y mucho menos dar declaraciones que pudieran ser ofensivas para miembros de otros Órganos del Estado. Nosotros inmediatamente después de eso sacamos una aclaración en el periódico, pidiéndole que rectificara. Parece que es un poquito sordo o que no ha oído ese pedido nuestro de rectificar. Nosotros no tenemos ningún problema en rectificar cuando nos hemos equivocado. Pero que nos vengan a decir: "Miren, es que como yo oí un rumor de que ustedes iban a hacer tal cosa por eso estoy haciendo eso", ¡hombre!, a mí me parece falta de seriedad del funcionario que hace eso porque un funcionario público no puede estar basando sus decisiones en rumores o en chambres. Creo que no es propio de un Presidente de la República.
Entrevista con los 4 magistrados de la Sala de lo Constitución de la Corte Suprema de Justicia (Tercera parte)
Amig@s aquí les publico la entrevista que el faro, le hizo a los 4 Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, leanla y diganme si en comparación al discurso del flamante coordinador general "Medardo", quien se ve que esta siendo más sensato en lo piensa y hace:
Hace nueve meses ustedes nos hablaban de unas 700 denuncias contra jueces y de un medio centenar que tenían que ver con corrupción. ¿Ya depuraron esos casos?
BJ: Bueno, eso es parte de lo que tenemos que hacer. Hemos comenzado con la depuración. Ya se expulsaron a dos juezas. A una de vigilancia penitenciaria que tuvo detenido sin razón alguna alrededor de 80, 83 días a una persona que ya debería de estar en libertad, sin embargo ahí siguió detenida. Eso no puede ser. La otra funcionaria que se sancionó es porque estaba jugando con dinero ajeno. Había casos en que se presentaron a ese tribunal cuotas alimenticias que iba a dejar el obligado y sencillamente no las entregaron.
¿No tenían protección a nivel de Corte Suprema estas juezas destituidas?
BJ: ¿Cómo así? Quisiera que fuera un poco más específica la pregunta. ¿Qué se quiere decir cuando pregunta si no tenían protección?
Estoy retomando las palabras que dijo el magistrado Meléndez en la entrevista de hace nueve meses cuando mencionó que tenían problemas para depurar porque había jueces que gozaban de protección de parte de algunos magistrados en la Corte Suprema.
BJ: Bueno, efectivamente hemos tenido algún problema en Corte Suprema a tal grado que algunos magistrados han llegado a cuestionar la facultad de la Corte de investigar y de incluso de sancionar.
¿Cuán grave es esto, que algunos magistrados pongan en duda esa facultad?
BJ: Ah, bueno, hay ya hace algunas cortes plenas donde se ha tratado ese tema y mayoritariamente se determinó que eso no era así, por corte plena. Sin embargo estas personas cuando se trata este tema simplemente no votan.
¿Cómo es que se puede proteger a alguien? Vamos a ver, porque usted como presidente, entiendo, es el que propone la agenda para corte plena.
BJ: Sí, sí.
¿Cómo se puede evitar que se mire un caso contra un juez en particular?
BJ: No, es que no es eso. No es que se pueda evitar.
¿Cómo funciona entonces?
BJ: Llevo en la agenda tres, cuatro casos o la cantidad de casos que sean. ¿Pero qué es lo que pasa? Ahí hay magistrados que se han dado a la tarea de estar bloqueando el uso de la palabra o para aprobar la agenda ya hemos pasado a veces casi un día entero para aprobar la agenda.
¿Para aprobar agenda?
RG: Sí, sí.
BJ: Entonces son simplemente tácticas de dilatar y dilatar y dilatar para que nunca se conozca.
RG: Filibusterismo judicial.
¿Cómo funciona?
RG: Se presenta la agenda, sale un magistrado con una nota de periódico, por ejemplo, diciendo que el magistrado Meléndez dio declaraciones al periódico tal, entonces pide que se lea, le pide a la secretaria que esa transcripción de lo que él acaba de leer, o sea la hoja del periódico, se agregue al acta de ese día y luego hay un grupito de cuatro, cinco que tienen esa práctica de darse la palabra entre ellos, de estarse alternando para discutir que no sé quién aclare si es cierto lo que dijo, que no sé qué, bueno... jugando, jugando empezamos a las 9:30 y terminamos a las 12:30...
Pero el filibusterismo no es un juego espontáneo, ¿o sí? ¿Hay voluntad detrás de eso de bloquear cosas?
RG: Ah, no, claro. Es intencionado. Claro, filibusterismo judicial.
Eso suena muy grave, tomando en cuenta tantos señalamientos contra jueces que no están haciendo su trabajo o que al parecer actúan en connivencia con el crimen organizado.
RG:De los casos que hablamos la última vez, se le pidió al jefe de investigación judicial que hiciera a un lado aquellos que se referían a problemas administrativos y a errores de ponerle una fecha a un acta o algo y que seleccionara los casos que sí podían tener vínculos con corrupción y fueron esos 45, 50 casos. Hemos resuelto solo dos.
FM: Eso también se observa cuando se quiere activar el régimen disciplinario para abogados y notarios. Claro es muy difícil lo que hemos pasado en corte plena para hacer funcionar corte plena, para que no solo le competa al presidente. Eso nos compete a los 15, pero hemos entrado también en las últimas semanas a una especie de distensión. Estamos aprobando algunas resoluciones sin mayor problema, pero nos faltan. Hay un ambiente propicio para avanzar en la amplia agenda, en la que tenemos casos de hasta 15, 16 años. No se han podido resolver. Ahora, en la Sala de lo Constitucional hay otro ambiente, con las diferencias que son públicas con el magistrados Néstor Castaneda. En un alto porcentaje hemos votadolos cinco, son como cinco o seis casos de asuntos electorales y de libertad de expresión que son en los que no nos ha acompañado Néstor Castenada. Creo que habría que esperar la renovación de nuevos cinco magistrados para ver cómo cambia la correlación y ya no vengan personas a Corte plena a pretender boicotear la agenda del señor presidente. Es un pequeño grupo, no son nueve, son cuatro o cinco miembros de Corte plena. Siempre están tratando de boicotear la agenda del presidente, proponiendo temas intrascendentes y postergando las discusiones.
En un país donde tenemos una tasa de homicidios que se acerca a los 70 por cada 100 mil habitantes, con evidentes señales de que el crimen organizado está tocando a la puerta, ¿no creen ustedes que es grave que no se pueda resolver la depuración de jueces?
FM: Es gravísimo. No solo porque nos ata de manos al interior de la Corte Suprema, sino también porque no podemos colaborar con las otras instituciones como la Policía, el ejército, para superar los retos de este país. Tratar temas como la depuración judicial… Tenemos serios obstáculos.
Ustedes están quedando mal junto a los otros magistrados.
RG: Entre abril y mayo la presidencia de la Corte desarrolló una actividad muy intensa para conseguir de forma interna echar andar en Corte plena el proceso de depuración. Aunque suene pírrico, dos nombres ya de la lista de jueces depurables, movidos, es importante. De hecho, Investigación Judicial tiene ya información de varias fuentes para determinar casos de corrupción, en ese sentido he visto una disposición, en las últimas dos semanas lo que ha pasado es que… digamos que está ese jueguito de estarse pasando la palabra 15 o 20 minutos.
Es más que un juego, ¿no?
Es un juego absurdo, lo digo en un sentido hasta peyorativo. El doctor Hernández Valiente dijo que debería sacarse la cuenta de cuánto ganamos al día los magistrados y determinar cuánto es por hora, para ver cuánto le cuesta al país cada hora de deliberación de los 15 magistrados. No es un jueguito para celebrar.
Parece hasta encubrimiento, tomando en cuenta lo que podría haber detrás.
RG: Sí, sí.
Hace unas semanas una persona imputada por un fraude denunció públicamente que el juez en Santa Ana le pidió la mitad de las cuentas personales a cambio de una pena favorable. Este mismo juez ya tiene antecedentes, hasta denuncias de fiscales... ¿Dónde están ustedes?
BJ: Eso me parece gravísimo, sobre todo que pase en el Órgano Judicial. Les voy a contar algo, miren, ha venido gente que me ha dicho: mira vengo a denunciar que el juez fulano de tal, con nombre y apellido, en tal caso agarró tantos miles de dólares. Qué bueno que me traigas esa noticia, te vamos a tomar declaración, la vamos a llevar. Nooo, me dice. ¿Por qué?, le pregunto yo. Porque tengo otros casos donde voy a perjudicar a otros clientes al venir a denunciar eso. Le quiero decir que nosotros sabemos dónde está la corrupción, pero no tenemos como probarla, es una limitante que tenemos. En el caso que dice usted (juez Tomás Salinas) ya se inició la declaración, tenemos investigadores, pero nadie busca testigos para cometer delitos, pero sí nos parece grave que pasen cosas así.
Si es gravísimo, díganos: ¿quiénes son los filibusteros en Corte plena?
RG: Vea las actas de Corte plena, desde las primeras líneas se puede determinar quiénes son, por la cantidad y calidad de intervenciones que cada uno hace cuando se va a discutir la agenda.
¿Ustedes dos, magistrados Jaime y Meléndez, coinciden con que hay filibusterismo?
BJ: Me gustaría aclarar de qué estamos hablando cuando decimos filibusterismo, para determinar de qué estamos hablando y no dar un concepto equivocado.
Nos referimos a lo que describió el magistrado González, que es esa participación de usar la palabra para perder el tiempo y boicotear la toma de decisiones, como el recurso que se reconoce, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos.
BJ: Por supuesto que sí, si eso se entiende por filibusterismo, por supuesto que existe.
FM: Basta ver las actas. Hay que prepararse para aguantar, porque puede afectar hasta la salud, porque si uno tiene el compromiso de servir a este país, solo es de ver cómo se pierde el tiempo, el pueblo clama por una justicia verdadera para las víctimas, y la Corte no atiende ese clamor. Eso duele.
¿No deberían ustedes salir diciendo "estos son los filibusteros de la Corte Suprema"? ¿Por qué no dicen los nombres abiertamente?
FM: Muchas veces yo he salido crucificado por poner en la llaga, como se dice, y pudiera seguirlo haciendo, pero prefiero esperar que pase un año y que el filbustero mayor se vaya de la Corte Suprema de Justicia.
RG: Ja, ja, ja...
Por lo menos ya sabemos que es un hombre, no una mujer.
RG: Y que hay un filibustero mayor.
Volvamos a la discusión inicial. Si la Asamblea decide cambiarlos de Sala, ¿qué harían ustedes?
BJ: No estamos preocupados por lo que pueda decir la Asamblea, estamos tranquilos, creemos que estamos haciendo lo correcto, vamos a enfrentar cualquier cosa que nos venga y en el momento oportuno tomar la decisión que consideremos correcta.
FM: Estamos dispuestos a enfrentar cualquier proceso en nuestra contra, sabemos que no hemos violado la Constitución, más bien todo lo contrario, hemos empeñado nuestro trabajo en defender la Constitución, los derechos de la ciudadanía, y mientras sigamos en la Corte Suprema tengan la seguridad de que vamos a seguir siendo rebeldes. Vamos a seguir siendo rebeldes frente a la corrupción, frente a la apatía, frente al abandono que hay en algunos sectores del Órgano Judicial, frente a la retardación de la justicia, nos vamos a rebelar por siempre frente a aquello que constituya una violación a la Constitución y a los derechos de la población.
Hace nueve meses ustedes nos hablaban de unas 700 denuncias contra jueces y de un medio centenar que tenían que ver con corrupción. ¿Ya depuraron esos casos?
BJ: Bueno, eso es parte de lo que tenemos que hacer. Hemos comenzado con la depuración. Ya se expulsaron a dos juezas. A una de vigilancia penitenciaria que tuvo detenido sin razón alguna alrededor de 80, 83 días a una persona que ya debería de estar en libertad, sin embargo ahí siguió detenida. Eso no puede ser. La otra funcionaria que se sancionó es porque estaba jugando con dinero ajeno. Había casos en que se presentaron a ese tribunal cuotas alimenticias que iba a dejar el obligado y sencillamente no las entregaron.
¿No tenían protección a nivel de Corte Suprema estas juezas destituidas?
BJ: ¿Cómo así? Quisiera que fuera un poco más específica la pregunta. ¿Qué se quiere decir cuando pregunta si no tenían protección?
Estoy retomando las palabras que dijo el magistrado Meléndez en la entrevista de hace nueve meses cuando mencionó que tenían problemas para depurar porque había jueces que gozaban de protección de parte de algunos magistrados en la Corte Suprema.
BJ: Bueno, efectivamente hemos tenido algún problema en Corte Suprema a tal grado que algunos magistrados han llegado a cuestionar la facultad de la Corte de investigar y de incluso de sancionar.
¿Cuán grave es esto, que algunos magistrados pongan en duda esa facultad?
BJ: Ah, bueno, hay ya hace algunas cortes plenas donde se ha tratado ese tema y mayoritariamente se determinó que eso no era así, por corte plena. Sin embargo estas personas cuando se trata este tema simplemente no votan.
¿Cómo es que se puede proteger a alguien? Vamos a ver, porque usted como presidente, entiendo, es el que propone la agenda para corte plena.
BJ: Sí, sí.
¿Cómo se puede evitar que se mire un caso contra un juez en particular?
BJ: No, es que no es eso. No es que se pueda evitar.
¿Cómo funciona entonces?
BJ: Llevo en la agenda tres, cuatro casos o la cantidad de casos que sean. ¿Pero qué es lo que pasa? Ahí hay magistrados que se han dado a la tarea de estar bloqueando el uso de la palabra o para aprobar la agenda ya hemos pasado a veces casi un día entero para aprobar la agenda.
¿Para aprobar agenda?
RG: Sí, sí.
BJ: Entonces son simplemente tácticas de dilatar y dilatar y dilatar para que nunca se conozca.
RG: Filibusterismo judicial.
¿Cómo funciona?
RG: Se presenta la agenda, sale un magistrado con una nota de periódico, por ejemplo, diciendo que el magistrado Meléndez dio declaraciones al periódico tal, entonces pide que se lea, le pide a la secretaria que esa transcripción de lo que él acaba de leer, o sea la hoja del periódico, se agregue al acta de ese día y luego hay un grupito de cuatro, cinco que tienen esa práctica de darse la palabra entre ellos, de estarse alternando para discutir que no sé quién aclare si es cierto lo que dijo, que no sé qué, bueno... jugando, jugando empezamos a las 9:30 y terminamos a las 12:30...
Pero el filibusterismo no es un juego espontáneo, ¿o sí? ¿Hay voluntad detrás de eso de bloquear cosas?
RG: Ah, no, claro. Es intencionado. Claro, filibusterismo judicial.
Eso suena muy grave, tomando en cuenta tantos señalamientos contra jueces que no están haciendo su trabajo o que al parecer actúan en connivencia con el crimen organizado.
RG:De los casos que hablamos la última vez, se le pidió al jefe de investigación judicial que hiciera a un lado aquellos que se referían a problemas administrativos y a errores de ponerle una fecha a un acta o algo y que seleccionara los casos que sí podían tener vínculos con corrupción y fueron esos 45, 50 casos. Hemos resuelto solo dos.
FM: Eso también se observa cuando se quiere activar el régimen disciplinario para abogados y notarios. Claro es muy difícil lo que hemos pasado en corte plena para hacer funcionar corte plena, para que no solo le competa al presidente. Eso nos compete a los 15, pero hemos entrado también en las últimas semanas a una especie de distensión. Estamos aprobando algunas resoluciones sin mayor problema, pero nos faltan. Hay un ambiente propicio para avanzar en la amplia agenda, en la que tenemos casos de hasta 15, 16 años. No se han podido resolver. Ahora, en la Sala de lo Constitucional hay otro ambiente, con las diferencias que son públicas con el magistrados Néstor Castaneda. En un alto porcentaje hemos votadolos cinco, son como cinco o seis casos de asuntos electorales y de libertad de expresión que son en los que no nos ha acompañado Néstor Castenada. Creo que habría que esperar la renovación de nuevos cinco magistrados para ver cómo cambia la correlación y ya no vengan personas a Corte plena a pretender boicotear la agenda del señor presidente. Es un pequeño grupo, no son nueve, son cuatro o cinco miembros de Corte plena. Siempre están tratando de boicotear la agenda del presidente, proponiendo temas intrascendentes y postergando las discusiones.
En un país donde tenemos una tasa de homicidios que se acerca a los 70 por cada 100 mil habitantes, con evidentes señales de que el crimen organizado está tocando a la puerta, ¿no creen ustedes que es grave que no se pueda resolver la depuración de jueces?
FM: Es gravísimo. No solo porque nos ata de manos al interior de la Corte Suprema, sino también porque no podemos colaborar con las otras instituciones como la Policía, el ejército, para superar los retos de este país. Tratar temas como la depuración judicial… Tenemos serios obstáculos.
Ustedes están quedando mal junto a los otros magistrados.
RG: Entre abril y mayo la presidencia de la Corte desarrolló una actividad muy intensa para conseguir de forma interna echar andar en Corte plena el proceso de depuración. Aunque suene pírrico, dos nombres ya de la lista de jueces depurables, movidos, es importante. De hecho, Investigación Judicial tiene ya información de varias fuentes para determinar casos de corrupción, en ese sentido he visto una disposición, en las últimas dos semanas lo que ha pasado es que… digamos que está ese jueguito de estarse pasando la palabra 15 o 20 minutos.
Es más que un juego, ¿no?
Es un juego absurdo, lo digo en un sentido hasta peyorativo. El doctor Hernández Valiente dijo que debería sacarse la cuenta de cuánto ganamos al día los magistrados y determinar cuánto es por hora, para ver cuánto le cuesta al país cada hora de deliberación de los 15 magistrados. No es un jueguito para celebrar.
Parece hasta encubrimiento, tomando en cuenta lo que podría haber detrás.
RG: Sí, sí.
Hace unas semanas una persona imputada por un fraude denunció públicamente que el juez en Santa Ana le pidió la mitad de las cuentas personales a cambio de una pena favorable. Este mismo juez ya tiene antecedentes, hasta denuncias de fiscales... ¿Dónde están ustedes?
BJ: Eso me parece gravísimo, sobre todo que pase en el Órgano Judicial. Les voy a contar algo, miren, ha venido gente que me ha dicho: mira vengo a denunciar que el juez fulano de tal, con nombre y apellido, en tal caso agarró tantos miles de dólares. Qué bueno que me traigas esa noticia, te vamos a tomar declaración, la vamos a llevar. Nooo, me dice. ¿Por qué?, le pregunto yo. Porque tengo otros casos donde voy a perjudicar a otros clientes al venir a denunciar eso. Le quiero decir que nosotros sabemos dónde está la corrupción, pero no tenemos como probarla, es una limitante que tenemos. En el caso que dice usted (juez Tomás Salinas) ya se inició la declaración, tenemos investigadores, pero nadie busca testigos para cometer delitos, pero sí nos parece grave que pasen cosas así.
Si es gravísimo, díganos: ¿quiénes son los filibusteros en Corte plena?
RG: Vea las actas de Corte plena, desde las primeras líneas se puede determinar quiénes son, por la cantidad y calidad de intervenciones que cada uno hace cuando se va a discutir la agenda.
¿Ustedes dos, magistrados Jaime y Meléndez, coinciden con que hay filibusterismo?
BJ: Me gustaría aclarar de qué estamos hablando cuando decimos filibusterismo, para determinar de qué estamos hablando y no dar un concepto equivocado.
Nos referimos a lo que describió el magistrado González, que es esa participación de usar la palabra para perder el tiempo y boicotear la toma de decisiones, como el recurso que se reconoce, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos.
BJ: Por supuesto que sí, si eso se entiende por filibusterismo, por supuesto que existe.
FM: Basta ver las actas. Hay que prepararse para aguantar, porque puede afectar hasta la salud, porque si uno tiene el compromiso de servir a este país, solo es de ver cómo se pierde el tiempo, el pueblo clama por una justicia verdadera para las víctimas, y la Corte no atiende ese clamor. Eso duele.
¿No deberían ustedes salir diciendo "estos son los filibusteros de la Corte Suprema"? ¿Por qué no dicen los nombres abiertamente?
FM: Muchas veces yo he salido crucificado por poner en la llaga, como se dice, y pudiera seguirlo haciendo, pero prefiero esperar que pase un año y que el filbustero mayor se vaya de la Corte Suprema de Justicia.
RG: Ja, ja, ja...
Por lo menos ya sabemos que es un hombre, no una mujer.
RG: Y que hay un filibustero mayor.
Volvamos a la discusión inicial. Si la Asamblea decide cambiarlos de Sala, ¿qué harían ustedes?
BJ: No estamos preocupados por lo que pueda decir la Asamblea, estamos tranquilos, creemos que estamos haciendo lo correcto, vamos a enfrentar cualquier cosa que nos venga y en el momento oportuno tomar la decisión que consideremos correcta.
FM: Estamos dispuestos a enfrentar cualquier proceso en nuestra contra, sabemos que no hemos violado la Constitución, más bien todo lo contrario, hemos empeñado nuestro trabajo en defender la Constitución, los derechos de la ciudadanía, y mientras sigamos en la Corte Suprema tengan la seguridad de que vamos a seguir siendo rebeldes. Vamos a seguir siendo rebeldes frente a la corrupción, frente a la apatía, frente al abandono que hay en algunos sectores del Órgano Judicial, frente a la retardación de la justicia, nos vamos a rebelar por siempre frente a aquello que constituya una violación a la Constitución y a los derechos de la población.
viernes, 1 de julio de 2011
Relatora de la ONU advierte que decreto 743 atenta contra la independencia del poder judicial
Dedicado a don Medardo, que anda diciendo que tod@s los que estamos a favor de la derogatoría del decreto transitorio 743, estamos equivocados y "conspirando" contra el FMLN.....
Tomado de elfaro.net
El Faro
elfaro.net / Publicado el 1 de Julio de 2011
Los poderes Ejecutivo y Legislativo de El Salvador han atentado contra el principio de separación de poderes al emitir el decreto 743, advirtió este viernes en Nueva York Gabriela Knaul, relatora de la Organización de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y los Abogados.
La funcionaria dijo que el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa el 2 de junio y ratificado por el presidente Mauricio Funes el mismo día para obligar a la Sala de lo Constitucional a sentenciar por unanimidad, vulnera la independencia de que debe gozar el poder Judicial.
"Esa obligación es un atentado a los principios de separación de poderes e independencia del poder judicial", dijo Knaul, citada por la sección de prensa de la ONU.
La declaración de la relatora, que tiene por función vigilar una serie de países miembros de la ONU para pronunciarse sobre la independencia de que gozan los jueces, incluye un cuestionamiento implícito a la sanidad de la democracia salvadoreña, producto del decreto 743, y una sutil sugerencia de la importancia de que se derogue. "Para consolidar su democracia, El Salvador debe prestar atención especial a la independencia del poder judicial y la separación de poderes, estipuladas en la Constitución", dijo.
Los autores del decreto, los partidos de derecha Arena, Gana, PCN y PDC, dijeron que lo que deseaban era "homologar" la forma en que las salas de la Corte Suprema de Justicia emiten sus sentencias. Se referían a que salvo la de lo Constitucional, las otras salas están obligadas a resolver por unanimidad.
Sin embargo, apenas 10 semanas antes de dicho decreto, los mismos diputados que lo aprobaron sorpresivamente y sin debate de por medio la tarde del 2 de junio, habían acordado hacer lo contrario en la Sala de lo Contencioso Administrativo, con el argumento de que la obligación de votar por unanimidad atenta contra el acceso de los ciudadanos a la justicia.
Knaul dijo que es la naturaleza de los máximos tribunales la disidencia y la controversia de criterios. "La Corte Suprema no puede estar obligada a adoptar fallos judiciales por unanimidad porque las materias que le competen suelen ser complejas y controvertidas", agregó.
Esta que termina fue la tercera semana que los partidos políticos tuvieron la oportunidad de abolir el decreto 743 desde cuando el partido Arena anunció que se retractaba de su apoyo inicial y pidió la derogación. Sin embargo, los partidos Gana, PCN y PDC se oponen a retroceder. Además, el partido con más escaños legislativos, el FMLN, pasó de ser la organización que se abstuvo de apoyar el decreto, a ser la más firme demandante de que los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional comiencen a votar por unanimidad.
Los cuatro magistrados cuestionados ya declararon inaplicable el decreto 743, haciendo uso de la atribución que les da el artículo 185 de la Constitución.
Tomado de elfaro.net
El Faro
elfaro.net / Publicado el 1 de Julio de 2011
Los poderes Ejecutivo y Legislativo de El Salvador han atentado contra el principio de separación de poderes al emitir el decreto 743, advirtió este viernes en Nueva York Gabriela Knaul, relatora de la Organización de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y los Abogados.
La funcionaria dijo que el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa el 2 de junio y ratificado por el presidente Mauricio Funes el mismo día para obligar a la Sala de lo Constitucional a sentenciar por unanimidad, vulnera la independencia de que debe gozar el poder Judicial.
"Esa obligación es un atentado a los principios de separación de poderes e independencia del poder judicial", dijo Knaul, citada por la sección de prensa de la ONU.
La declaración de la relatora, que tiene por función vigilar una serie de países miembros de la ONU para pronunciarse sobre la independencia de que gozan los jueces, incluye un cuestionamiento implícito a la sanidad de la democracia salvadoreña, producto del decreto 743, y una sutil sugerencia de la importancia de que se derogue. "Para consolidar su democracia, El Salvador debe prestar atención especial a la independencia del poder judicial y la separación de poderes, estipuladas en la Constitución", dijo.
Los autores del decreto, los partidos de derecha Arena, Gana, PCN y PDC, dijeron que lo que deseaban era "homologar" la forma en que las salas de la Corte Suprema de Justicia emiten sus sentencias. Se referían a que salvo la de lo Constitucional, las otras salas están obligadas a resolver por unanimidad.
Sin embargo, apenas 10 semanas antes de dicho decreto, los mismos diputados que lo aprobaron sorpresivamente y sin debate de por medio la tarde del 2 de junio, habían acordado hacer lo contrario en la Sala de lo Contencioso Administrativo, con el argumento de que la obligación de votar por unanimidad atenta contra el acceso de los ciudadanos a la justicia.
Knaul dijo que es la naturaleza de los máximos tribunales la disidencia y la controversia de criterios. "La Corte Suprema no puede estar obligada a adoptar fallos judiciales por unanimidad porque las materias que le competen suelen ser complejas y controvertidas", agregó.
Esta que termina fue la tercera semana que los partidos políticos tuvieron la oportunidad de abolir el decreto 743 desde cuando el partido Arena anunció que se retractaba de su apoyo inicial y pidió la derogación. Sin embargo, los partidos Gana, PCN y PDC se oponen a retroceder. Además, el partido con más escaños legislativos, el FMLN, pasó de ser la organización que se abstuvo de apoyar el decreto, a ser la más firme demandante de que los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional comiencen a votar por unanimidad.
Los cuatro magistrados cuestionados ya declararon inaplicable el decreto 743, haciendo uso de la atribución que les da el artículo 185 de la Constitución.
Antes del 743, derecha legislativa decía que unanimidad en Corte Suprema impedía acceso a justicia
Aquí esta la historia de como se gesto el decreto adefesio 743....
Tomado de elfaro.net
Gabriel Labrador y Jimena Aguilar
elfaro.net / Publicado el 22 de Junio de 2011
Solo 10 semanas antes de aprobar el decreto 743 para obligar a los magistrados constitucionalistas a emitir sentencias por unanimidad, los mismos diputados de Arena, Gana, PCN y PDC creían que lo que había hacer en la Corte Suprema de Justicia era lo contrario: liberar a la Sala de lo Contencioso Administrativo para que esta pudiera resolver por mayoría, al igual que lo hacía la Sala de lo Constitucional.
El 17 de marzo pasado, en la agenda de la sesión plenaria del parlamento, una de las propuestas de decreto que iban a votar los diputados era una reforma a la Ley Orgánica Judicial impulsada por los legisladores de Arena y PDC. Hasta entonces, de las cuatro salas de la Corte Suprema, solo la de lo Constitucional podía resolver por mayoría. La de lo Civil (tres magistrados), la de lo Penal (tres magistrados) y la de lo Contencioso Administrativo (cuatro magistrados) solo podían emitir sentencias por unanimidad.
Sin embargo, tras 27 años de vigencia de la ley, un grupo de legisladores del partido Arena y los dos del PDC propusieron la reforma para la Sala de lo Contencioso, que es la encargada de dirimir litigios entre particulares y alguna institución de la administración pública. Al proyecto de reforma luego se sumaron los diputados del PCN y los de Gana, y todos firmaron el dictamen de la Comisión de Legislación que pasó a sesión plenaria para votación el 17 de marzo.
Los legisladores de derecha pensaron que para procurar la pronta justicia que requiere el país, lo mejor era que esta Sala pudiera emitir sentencias con el respaldo de tres de sus cuatro magistrados, o sea, por mayoría.
“La unanimidad es una medida que retrasa los procesos, contribuye poco a la calidad de las resoluciones y, sobre todo, perjudica a las personas en la obtención de la pronta justicia”, argumentaba uno de los considerandos del proyecto de decreto.
El diputado arenero Guillermo Ávila Qüehl, quien el 2 de junio se rehusó a votar por el decreto 743, explica por qué habían decidido hacer el cambio en la Sala de lo Contencioso. "Esto ayudaba a que ningún voto fuera de oro. En cambio, la unanimidad es necesaria en las salas de lo Civil y de lo Penal porque tienen menos de cuatro magistrados cada una y por lo tanto en ellas la unanimidad es un candado que evita que se tome la decisión por la discreción de solo dos personas". La idea era que por lo menos tres jueces estuvieran de acuerdo en cualquiera de las salas. Las que mayor exigencia tenían hasta el momento ya eran la de lo Constitucional y la de lo Contencioso, cuatro votos cada una.
En Gana, el jefe del grupo de 16 diputados, Nelson Guardado, cuestionado sobre el viraje de 180 grados en el criterio de su partido en cuestión de dos meses y medio, dice no saber por qué su partido apoyaba ese dictamen del 17 de marzo. "Yo no sé, habría que preguntarle a los mocionantes cuál era el criterio de ellos. No le sabría decir una posición... tendría que ir a leer..."
El dirigente Guillermo Gallegos, también de Gana, tampoco sabe explicar las razones para haber tomado la decisión de hace tres meses, y para haber tomado una contraria, con la Sala de lo Constitucional, el 2 de junio. "Ahí (para el dictamen sobre la Sala de lo Contencioso Administrativo) reflexionamos y no terminamos votando porque nos terminaron convenciendo de que era lo mejor mantenerlo así y por eso decidimos mantenerlo así". No dijo quién los había persuadido de retractarse de su apoyo a esa reforma.
Y para apoyar el decreto 743 que obligaría a los magistrados a sentenciar por unanimidad, argumenta que la razón fue que les pareció una cosa rara que pudieran resolver solo con cuatro votos. "A nosotros nos pareció que ahí hay algo anormal. No puede ser que cuatro magistrados estén prácticamente en todo de acuerdo y queriendo legislar a través de la Sala. Nos pareció correcto que fuera de cinco".
Poco después de emitir el decreto 743, el diputado Rodolfo Parker, secretario general del PDC, admitió que el propósito de la reforma al sistema de decisiones de la Sala de lo Constitucional fue frenar el trabajo que han estado haciendo cuatro de sus cinco magistrados, que con sus sentencias han impactado el control que tienen las cúpulas partidarias en decidir quiénes se convierten en diputados, independientemente de que los ciudadanos tengan preferencia por personas distintas a las que finalmente obtienen escaños en el parlamento.
La decisión del 2 de junio de "homologar" las decisiones de la Sala era, desde el punto de vista estadístico, posiblemente innecesario, ya que desde julio de 2009, cuando los nuevos magistrados asumieron sus cargos, 16 de las 26 sentencias de inconstitucionalidad que habían emitido contaron con el voto favorable de los cinco magistrados, y solo 10 habían sido resueltas con cuatro votos.
En el dictamen favorable del 17 de marzo, los diputados de Arena, Gana, PCN y PDC justificaban la derogatoria de la obligación de resolver por unanimidad en la Sala de lo Contencioso por la necesidad de garantizar que los procesos no se entrampen y, al contrario, se resuelvan con prontitud. "Es en el fallo o sentencia judicial donde se plasma en toda su intensidad la pronta y cumplida justicia", mencionaban en uno de los considerandos, y por esa razón “es requisito indispensable del acceso a la administración de justicia que los jueces o magistrados se comprometan a resolver en forma diligente y oportuna” los conflictos que les competen.
“Se vuelve necesario tomar medidas que coadyuven a lograr los principios de seguridad jurídica y debido proceso, principalmente en aquellos tribunales integrados por más de un juez o magistrado y a quien por exigencia de ley se les obliga a tener unanimidad en sus resoluciones”, reza el texto firmado por los legisladores de derecha.
De todas las salas, la de mayor jerarquía es la de lo Constitucional, por el tipo de litigios que resuelve. El presidente de la Sala es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Órgano Judicial. Los magistrados constitucionalistas son los intérpretes máximos de la Constitución de la República, y declaran cuándo una normativa viola la carta magna. Aparte de eso, son los encargados de atender las solicitudes de amparo ante posibles violaciones a la ley, y resuelven la liberación de personas en caso de que se les pueda estar deteniendo arbitrariamente (los hábeas corpus).
En aquella propuesta de reforma del 17 de marzo, los diputados de derecha habían redactado de esta manera el cambio al artículo 14 de la Ley Orgánica Judicial: “(La Sala de lo Contencioso Administrativo) conocerá de todos los procesos por los cuatro magistrados y necesitará la conformidad de tres votos para pronunciar sentencia, sea esta interlocutoria o definitiva”.
Pero dicha propuesta nunca llegó a votarse porque fue sacada de la sesión plenaria donde se supone que iba ser aprobada. Y hay quien asegura que ese fue el momento cuando en el PCN vieron la fórmula que habían andado buscando para tratar de paralizar a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.
El decreto 743 fue denostado por decenas de organizaciones cívicas de todos los signos ideológicos que insólitamente se sentaron a la misma mesa para pedir la derogación. A la jugada también se prestó el presidente Mauricio Funes quien incluso apartó espacio en el Diario Oficial para que la sentencia entrara en vigencia el mismo día. Una semana después, Arena se retractó de haber votado a favor del 743, mientras el FMLN, que se había abstenido de votar el 2 de junio, terminó exigiendo a los magistrados que acataran el decreto. Los magistrados, eventualmente declararon inaplicable la reforma por considerar que tenía vicios en cómo se hizo.
La reforma a la Ley Orgánica Judicial tiene su origen en una petición que entró a la Asamblea Legislativa el miércoles 16 de junio de 2010. La solicitud de enmienda la escribió el diputado de Arena Guillermo Ávila Qüehl. Este consiguió que le acompañaran con sus firmas de apoyo el también diputado arenero Roberto d’Aubuisson y el pedecista Rodolfo Parker. Luego se agregó Santos Guevara, el otro legislador democristiano.
La petición dio origen al expediente número 728-5-2010-2 de la Comisión de Legislación, presidida por Ávila Qüehl. Después de nueve meses de gestación, la comisión emitió dictamen favorable cuando Gana y PCN accedieron a respaldarla, según recuerda el pecenista Antonio Almendáriz. Con 47 votos asegurados, ya era posible tomar decisión en la sesión plenaria.
Quienes firmaron para que la reforma fuera a votación fueron Ávila Qüehl, Mario Valiente y d’Aubuisson, de Arena; Guillermo Gallegos y Erik Mira, de Gana; Almendáriz y Santos Eduviges Crespo (suplente de Rafael Machuca), del PCN; y Rodolfo Parker, del PDC. Con su firma, los diputados sellaron el acuerdo entre los partidos de derecha y le dieron a la pieza la posibilidad de competir por los votos en la plenaria del 17 de marzo de 2011, la número 89 del año 2011.
Según un diputado de Arena que conoció de las negociaciones para hacer aquella reforma -pero que pidió el anonimato para no perjudicar las relaciones con otras bancadas-, las reformas no solo tenían el apoyo de los diputados de derecha sino que incluso contaban con el aval de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y fueron solicitadas por el gremio de abogados. Pero el intento por aprobar el dictamen se frustró por el PCN.
Durante la plenaria, Almendáriz anunció que el PCN retiraba su apoyo a la refroma. “Pues, yo como comprador de buena fe, no le había visto nada malo cuando se discutió en la Comisión, creí en los argumentos que el diputado Ávila y d’Aubuisson habían dado, pero ya en la sesión plenaria la fracción me pidió que retirara mi firma”, dice Almendáriz.
Cuando se le pregunta cuál fue la razón que le dieron para quitarle el apoyo a la reforma, después de que la pieza pasara nueve meses en estudio y después de que los partidos de derecha acordaran apoyarla y firmar el dictamen, Almendáriz asegura que su partido no había estudiado la enmienda. “Me dijeron: ‘¿Y por qué solo la Sala de lo Contencioso Administrativo se va a quedar con mayoría cuando la Sala de lo Penal y de lo Civil siempre tienen que emitir por unanimidad?’ Así que yo retiré mi apoyo”.
Según el mismo diputado arenero, Almendáriz pidió a último minuto añadirle una reforma al decreto para que también se modificara la forma de votación de la Sala de lo Constitucional pero en sentido inverso, es decir, exigirle a esta unanimidad. Cree que fue en ese momento cuando el PCN reveló algo que ya venía urdiendo en secreto: la manera para amarrar a la Sala de lo Constitucional. “Durante la plenaria se les encendió el foco y preguntaron (Almendáriz) que por qué no aprovechábamos para ponerle unanimidad a la Sala de lo Constitucional”, recuerda el diputado de Arena.
El diputado Ciro Cruz Zepeda, secretario general del PCN y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, ha dicho que el decreto 743 se venía pensando desde antes de la Semana Santa.
En aquella sesión plenaria del 17 de marzo, la idea de incluir una reforma con dedicatoria a la Sala de lo Constitucional no fue apoyada por las demás fracciones, así que el PCN adujo ignorancia sobre el dictamen que ellos mismos habían apoyado en Comisión y agregaron que querían estudiarlo más a fondo.
A las 6:31 de la tarde, el diputado Mario Valiente, de Arena, pidió el uso del micrófono ante el pleno y propuso que se sacara de agenda el dictamen favorable número 84. 50 votos apoyaron el regreso del decreto a la Comisión de Legislación, para revisarlo. Pero la propuesta nunca volvió al pleno, sino convertida en el decreto 743. “La homologación fue la paja“, dice el mismo diputado arenero.
Si la Sala de lo Contencioso Administrativo dejaba de votar por unanimidad al momento de buscar la aprobación del decreto 743, los diputados ya no podrían argumentar la homologación para las reformas del 2 de junio.
20 días después del decreto, la Sala de lo Constitucional volvió a emitir sentencia con solo cuatro votos, para quitar a los partidos el monopolio de los recursos de apelación e impugnación de resultados electorales y de elección de funcionarios.
Tomado de elfaro.net
Gabriel Labrador y Jimena Aguilar
elfaro.net / Publicado el 22 de Junio de 2011
Solo 10 semanas antes de aprobar el decreto 743 para obligar a los magistrados constitucionalistas a emitir sentencias por unanimidad, los mismos diputados de Arena, Gana, PCN y PDC creían que lo que había hacer en la Corte Suprema de Justicia era lo contrario: liberar a la Sala de lo Contencioso Administrativo para que esta pudiera resolver por mayoría, al igual que lo hacía la Sala de lo Constitucional.
El 17 de marzo pasado, en la agenda de la sesión plenaria del parlamento, una de las propuestas de decreto que iban a votar los diputados era una reforma a la Ley Orgánica Judicial impulsada por los legisladores de Arena y PDC. Hasta entonces, de las cuatro salas de la Corte Suprema, solo la de lo Constitucional podía resolver por mayoría. La de lo Civil (tres magistrados), la de lo Penal (tres magistrados) y la de lo Contencioso Administrativo (cuatro magistrados) solo podían emitir sentencias por unanimidad.
Sin embargo, tras 27 años de vigencia de la ley, un grupo de legisladores del partido Arena y los dos del PDC propusieron la reforma para la Sala de lo Contencioso, que es la encargada de dirimir litigios entre particulares y alguna institución de la administración pública. Al proyecto de reforma luego se sumaron los diputados del PCN y los de Gana, y todos firmaron el dictamen de la Comisión de Legislación que pasó a sesión plenaria para votación el 17 de marzo.
Los legisladores de derecha pensaron que para procurar la pronta justicia que requiere el país, lo mejor era que esta Sala pudiera emitir sentencias con el respaldo de tres de sus cuatro magistrados, o sea, por mayoría.
“La unanimidad es una medida que retrasa los procesos, contribuye poco a la calidad de las resoluciones y, sobre todo, perjudica a las personas en la obtención de la pronta justicia”, argumentaba uno de los considerandos del proyecto de decreto.
El diputado arenero Guillermo Ávila Qüehl, quien el 2 de junio se rehusó a votar por el decreto 743, explica por qué habían decidido hacer el cambio en la Sala de lo Contencioso. "Esto ayudaba a que ningún voto fuera de oro. En cambio, la unanimidad es necesaria en las salas de lo Civil y de lo Penal porque tienen menos de cuatro magistrados cada una y por lo tanto en ellas la unanimidad es un candado que evita que se tome la decisión por la discreción de solo dos personas". La idea era que por lo menos tres jueces estuvieran de acuerdo en cualquiera de las salas. Las que mayor exigencia tenían hasta el momento ya eran la de lo Constitucional y la de lo Contencioso, cuatro votos cada una.
En Gana, el jefe del grupo de 16 diputados, Nelson Guardado, cuestionado sobre el viraje de 180 grados en el criterio de su partido en cuestión de dos meses y medio, dice no saber por qué su partido apoyaba ese dictamen del 17 de marzo. "Yo no sé, habría que preguntarle a los mocionantes cuál era el criterio de ellos. No le sabría decir una posición... tendría que ir a leer..."
El dirigente Guillermo Gallegos, también de Gana, tampoco sabe explicar las razones para haber tomado la decisión de hace tres meses, y para haber tomado una contraria, con la Sala de lo Constitucional, el 2 de junio. "Ahí (para el dictamen sobre la Sala de lo Contencioso Administrativo) reflexionamos y no terminamos votando porque nos terminaron convenciendo de que era lo mejor mantenerlo así y por eso decidimos mantenerlo así". No dijo quién los había persuadido de retractarse de su apoyo a esa reforma.
Y para apoyar el decreto 743 que obligaría a los magistrados a sentenciar por unanimidad, argumenta que la razón fue que les pareció una cosa rara que pudieran resolver solo con cuatro votos. "A nosotros nos pareció que ahí hay algo anormal. No puede ser que cuatro magistrados estén prácticamente en todo de acuerdo y queriendo legislar a través de la Sala. Nos pareció correcto que fuera de cinco".
Poco después de emitir el decreto 743, el diputado Rodolfo Parker, secretario general del PDC, admitió que el propósito de la reforma al sistema de decisiones de la Sala de lo Constitucional fue frenar el trabajo que han estado haciendo cuatro de sus cinco magistrados, que con sus sentencias han impactado el control que tienen las cúpulas partidarias en decidir quiénes se convierten en diputados, independientemente de que los ciudadanos tengan preferencia por personas distintas a las que finalmente obtienen escaños en el parlamento.
La decisión del 2 de junio de "homologar" las decisiones de la Sala era, desde el punto de vista estadístico, posiblemente innecesario, ya que desde julio de 2009, cuando los nuevos magistrados asumieron sus cargos, 16 de las 26 sentencias de inconstitucionalidad que habían emitido contaron con el voto favorable de los cinco magistrados, y solo 10 habían sido resueltas con cuatro votos.
En el dictamen favorable del 17 de marzo, los diputados de Arena, Gana, PCN y PDC justificaban la derogatoria de la obligación de resolver por unanimidad en la Sala de lo Contencioso por la necesidad de garantizar que los procesos no se entrampen y, al contrario, se resuelvan con prontitud. "Es en el fallo o sentencia judicial donde se plasma en toda su intensidad la pronta y cumplida justicia", mencionaban en uno de los considerandos, y por esa razón “es requisito indispensable del acceso a la administración de justicia que los jueces o magistrados se comprometan a resolver en forma diligente y oportuna” los conflictos que les competen.
“Se vuelve necesario tomar medidas que coadyuven a lograr los principios de seguridad jurídica y debido proceso, principalmente en aquellos tribunales integrados por más de un juez o magistrado y a quien por exigencia de ley se les obliga a tener unanimidad en sus resoluciones”, reza el texto firmado por los legisladores de derecha.
De todas las salas, la de mayor jerarquía es la de lo Constitucional, por el tipo de litigios que resuelve. El presidente de la Sala es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Órgano Judicial. Los magistrados constitucionalistas son los intérpretes máximos de la Constitución de la República, y declaran cuándo una normativa viola la carta magna. Aparte de eso, son los encargados de atender las solicitudes de amparo ante posibles violaciones a la ley, y resuelven la liberación de personas en caso de que se les pueda estar deteniendo arbitrariamente (los hábeas corpus).
En aquella propuesta de reforma del 17 de marzo, los diputados de derecha habían redactado de esta manera el cambio al artículo 14 de la Ley Orgánica Judicial: “(La Sala de lo Contencioso Administrativo) conocerá de todos los procesos por los cuatro magistrados y necesitará la conformidad de tres votos para pronunciar sentencia, sea esta interlocutoria o definitiva”.
Pero dicha propuesta nunca llegó a votarse porque fue sacada de la sesión plenaria donde se supone que iba ser aprobada. Y hay quien asegura que ese fue el momento cuando en el PCN vieron la fórmula que habían andado buscando para tratar de paralizar a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.
El decreto 743 fue denostado por decenas de organizaciones cívicas de todos los signos ideológicos que insólitamente se sentaron a la misma mesa para pedir la derogación. A la jugada también se prestó el presidente Mauricio Funes quien incluso apartó espacio en el Diario Oficial para que la sentencia entrara en vigencia el mismo día. Una semana después, Arena se retractó de haber votado a favor del 743, mientras el FMLN, que se había abstenido de votar el 2 de junio, terminó exigiendo a los magistrados que acataran el decreto. Los magistrados, eventualmente declararon inaplicable la reforma por considerar que tenía vicios en cómo se hizo.
La reforma a la Ley Orgánica Judicial tiene su origen en una petición que entró a la Asamblea Legislativa el miércoles 16 de junio de 2010. La solicitud de enmienda la escribió el diputado de Arena Guillermo Ávila Qüehl. Este consiguió que le acompañaran con sus firmas de apoyo el también diputado arenero Roberto d’Aubuisson y el pedecista Rodolfo Parker. Luego se agregó Santos Guevara, el otro legislador democristiano.
La petición dio origen al expediente número 728-5-2010-2 de la Comisión de Legislación, presidida por Ávila Qüehl. Después de nueve meses de gestación, la comisión emitió dictamen favorable cuando Gana y PCN accedieron a respaldarla, según recuerda el pecenista Antonio Almendáriz. Con 47 votos asegurados, ya era posible tomar decisión en la sesión plenaria.
Quienes firmaron para que la reforma fuera a votación fueron Ávila Qüehl, Mario Valiente y d’Aubuisson, de Arena; Guillermo Gallegos y Erik Mira, de Gana; Almendáriz y Santos Eduviges Crespo (suplente de Rafael Machuca), del PCN; y Rodolfo Parker, del PDC. Con su firma, los diputados sellaron el acuerdo entre los partidos de derecha y le dieron a la pieza la posibilidad de competir por los votos en la plenaria del 17 de marzo de 2011, la número 89 del año 2011.
Según un diputado de Arena que conoció de las negociaciones para hacer aquella reforma -pero que pidió el anonimato para no perjudicar las relaciones con otras bancadas-, las reformas no solo tenían el apoyo de los diputados de derecha sino que incluso contaban con el aval de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y fueron solicitadas por el gremio de abogados. Pero el intento por aprobar el dictamen se frustró por el PCN.
Durante la plenaria, Almendáriz anunció que el PCN retiraba su apoyo a la refroma. “Pues, yo como comprador de buena fe, no le había visto nada malo cuando se discutió en la Comisión, creí en los argumentos que el diputado Ávila y d’Aubuisson habían dado, pero ya en la sesión plenaria la fracción me pidió que retirara mi firma”, dice Almendáriz.
Cuando se le pregunta cuál fue la razón que le dieron para quitarle el apoyo a la reforma, después de que la pieza pasara nueve meses en estudio y después de que los partidos de derecha acordaran apoyarla y firmar el dictamen, Almendáriz asegura que su partido no había estudiado la enmienda. “Me dijeron: ‘¿Y por qué solo la Sala de lo Contencioso Administrativo se va a quedar con mayoría cuando la Sala de lo Penal y de lo Civil siempre tienen que emitir por unanimidad?’ Así que yo retiré mi apoyo”.
Según el mismo diputado arenero, Almendáriz pidió a último minuto añadirle una reforma al decreto para que también se modificara la forma de votación de la Sala de lo Constitucional pero en sentido inverso, es decir, exigirle a esta unanimidad. Cree que fue en ese momento cuando el PCN reveló algo que ya venía urdiendo en secreto: la manera para amarrar a la Sala de lo Constitucional. “Durante la plenaria se les encendió el foco y preguntaron (Almendáriz) que por qué no aprovechábamos para ponerle unanimidad a la Sala de lo Constitucional”, recuerda el diputado de Arena.
El diputado Ciro Cruz Zepeda, secretario general del PCN y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, ha dicho que el decreto 743 se venía pensando desde antes de la Semana Santa.
En aquella sesión plenaria del 17 de marzo, la idea de incluir una reforma con dedicatoria a la Sala de lo Constitucional no fue apoyada por las demás fracciones, así que el PCN adujo ignorancia sobre el dictamen que ellos mismos habían apoyado en Comisión y agregaron que querían estudiarlo más a fondo.
A las 6:31 de la tarde, el diputado Mario Valiente, de Arena, pidió el uso del micrófono ante el pleno y propuso que se sacara de agenda el dictamen favorable número 84. 50 votos apoyaron el regreso del decreto a la Comisión de Legislación, para revisarlo. Pero la propuesta nunca volvió al pleno, sino convertida en el decreto 743. “La homologación fue la paja“, dice el mismo diputado arenero.
Si la Sala de lo Contencioso Administrativo dejaba de votar por unanimidad al momento de buscar la aprobación del decreto 743, los diputados ya no podrían argumentar la homologación para las reformas del 2 de junio.
20 días después del decreto, la Sala de lo Constitucional volvió a emitir sentencia con solo cuatro votos, para quitar a los partidos el monopolio de los recursos de apelación e impugnación de resultados electorales y de elección de funcionarios.
El arte de la guerra...
El Sun Tzu ,expresa con sabiduría: "Nunca ataques a un enemigo acorralado por que éste luchará hasta la muerte" y "Siempre debes de saber cuándo dejar de luchar y retirarte", efectivamente esto es lo que ha ocurrido después de la promulgación del adefesio decreto 743.
Por una parte ARENA (con todo y las repercusiones que le ocasionaría "abdicar" en el apoyo al decreto que aprobó, se retiró a tiempo cuando previo la avalancha de repudio popular que se venía con semejante ilegalidad), con lo que no contamos es que don Carlos Mauricio Funes Cartagena y el FMLN atacaría al enemigo acorralado ( la Sala de lo Constitucional y sus defensores de la legalidad, que a estas alturas ya no son solo 4 magistrados, sino un pueblo entero que comprende perfectamente las ilegalidades que se están cometiendo a todos los niveles del órgano ejecutivo y legislativo).
La excusa del FMLN hacia el pueblo, no es válida "Vayan a exigirle a las derechas que ellas deroguen el decreto", en primer lugar, la mayoría de los que estamos en contra del adefesio decreto 743, VOTAMOS POR EL FMLN por eso a él le pedimos cuentas, no a los otros diputados pues a ellos NO LOS ELEGIMOS CON NUESTROS VOTOS.
El FMLN con su omisión de resolver la situación se vuelven cómplices y defensores de semejante afrenta a la Sala de lo Constitucional. No puedo dejar de decir, que ARENA ha sido astuta le tiró la papa caliente al FMLN y a éste le reventó en la cara, gracias a la falta de visión política de su máxima dirigencia "No porque otro tire basura sobre el lecho, uno se va dormir plácidamente sobre la basura y hasta va a defender que no se limpie porque así es más cómodo el descanso".
¿Quién pierde más frente al pueblo? el PCN y PDC que pronto dejaran de existir, GANA que desaparecerá en las próximas elecciones, ARENA que está fragmentada y recobrará sus diputados en la próxima elección o el FMLN que era (hasta antes de defender el decreto 743) el único partido del país que estaba creciendo en su apoyo popular, con todo y los disparates y desatinos de don Carlos Mauricio Funes Cartagena.
Si me pregunta hoy por hoy, ¿Quién se está quemando sus últimos cartuchos y perdiendo más votante cada día por mantener su necedad con el decreto 743?
La única respesta es el FMLN, al que la mayoría del pueblo por primera vez en su historia le dio la oportunidad de gobernar este país y hoy lo está defraudando con su falta de moral e irrespeto de la Constitución.
Por una parte ARENA (con todo y las repercusiones que le ocasionaría "abdicar" en el apoyo al decreto que aprobó, se retiró a tiempo cuando previo la avalancha de repudio popular que se venía con semejante ilegalidad), con lo que no contamos es que don Carlos Mauricio Funes Cartagena y el FMLN atacaría al enemigo acorralado ( la Sala de lo Constitucional y sus defensores de la legalidad, que a estas alturas ya no son solo 4 magistrados, sino un pueblo entero que comprende perfectamente las ilegalidades que se están cometiendo a todos los niveles del órgano ejecutivo y legislativo).
La excusa del FMLN hacia el pueblo, no es válida "Vayan a exigirle a las derechas que ellas deroguen el decreto", en primer lugar, la mayoría de los que estamos en contra del adefesio decreto 743, VOTAMOS POR EL FMLN por eso a él le pedimos cuentas, no a los otros diputados pues a ellos NO LOS ELEGIMOS CON NUESTROS VOTOS.
El FMLN con su omisión de resolver la situación se vuelven cómplices y defensores de semejante afrenta a la Sala de lo Constitucional. No puedo dejar de decir, que ARENA ha sido astuta le tiró la papa caliente al FMLN y a éste le reventó en la cara, gracias a la falta de visión política de su máxima dirigencia "No porque otro tire basura sobre el lecho, uno se va dormir plácidamente sobre la basura y hasta va a defender que no se limpie porque así es más cómodo el descanso".
¿Quién pierde más frente al pueblo? el PCN y PDC que pronto dejaran de existir, GANA que desaparecerá en las próximas elecciones, ARENA que está fragmentada y recobrará sus diputados en la próxima elección o el FMLN que era (hasta antes de defender el decreto 743) el único partido del país que estaba creciendo en su apoyo popular, con todo y los disparates y desatinos de don Carlos Mauricio Funes Cartagena.
Si me pregunta hoy por hoy, ¿Quién se está quemando sus últimos cartuchos y perdiendo más votante cada día por mantener su necedad con el decreto 743?
La única respesta es el FMLN, al que la mayoría del pueblo por primera vez en su historia le dio la oportunidad de gobernar este país y hoy lo está defraudando con su falta de moral e irrespeto de la Constitución.
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